FUENTE: Levante

La Conselleria de Sanidad ofreció ayer sus explicaciones pero los farmacéuticos siguen sin estar de acuerdo con el nuevo modelo de asistencia que se quiere implantar para las personas internadas en una residencia y que resta protagonismo y negocio a las farmacias comunitarias en favor de la farmacia hospitalaria.

El anuncio de la administración de que a partir de enero se quería cambiar el modelo y centralizar todos los fármacos que se daban a los residentes a través de la farmacia hospitalaria de La Fe encendió todas las alarmas en los colegios de farmacéuticos de la Comunitat Valenciana. No se había contado con ellos para su diseño. La polémica llegó hasta tal punto que, desde el colegio de València se llegó a amenazar con dejar en suspenso la colaboración con la conselleria que hace posible que las ayudas frente al copago farmacéutico lleguen a los usuarios de forma directa.

Las partes, sin embargo, se emplazaron para reunirse ayer lunes. Quizá la amenaza del copago se haya desactivado pero no el enfado de los farmacéuticos que se mantienen en pie de guerra contra un modelo que consideran «ilegal». Por ello, ayer anunciaron tras reunirse con la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, y tras mantener una reunión del pleno del consejo que se iban a estudiar las «medidas pertinentes» para lograr su retirada.

Justificar su viabilidad

«El pleno autonómico ha decidido no avalar el programa Resi-EQIFar y solicita a Sanidad que justifiquen la viabilidad de su propuesta puesto que hoy no se nos ha presentado la información suficiente», se quejaban desde el máximo órgano colegial de los farmacéuticos mientras desde la conselleria, se aseguraba que el encuentro con Lacruz había transcurrido en buenos términos («se les ha trasladado el deseo de contar con ellos», aseguraron las mismas fuentes) y en ningún caso la colaboración sobre el copago estaba en riesgo, tal como verbalizó por la mañana la consellera de Sanidad, Carmen Montón.

Montón insistió ayer en que el modelo era «bueno en sí» y que el ahorro alcanzaba los 13 millones para la administración y los 800.000 euros para los pacientes, además de que creará hasta 65 nuevos puestos de trabajo.