FUENTE: Las Provincias

La Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados de UDP Valencia, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE) y el Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos se han unido para pedir a la Conselleria de Sanidad la marcha atrás del modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores presentado sin su conocimiento y han reclamado que abra un proceso de negociación para el establecimiento del nuevo modelo.

En un comunicado, estas entidades han mostrado su voluntad de cooperación y de aportar mejoras al modelo existente, «pero desde la colaboración y el diálogo», por lo que piden que se paralice el nuevo modelo propuesto por la Conselleria de Sanidad y que se inicie, desde la base, «un proceso participativo contando con todas las entidades que actúan en el mismo», han señalado.

Desde la UDP y AERTE se ha valorado de manera muy positiva el trabajo que realizan los profesionales farmacéuticos en el modelo vigente y se ha insistido en que «se debe contar con la opinión de las organizaciones que están trabajando en la gestión actual para conocer de primera mano las circunstancias concretas de la realidad de las residencias privadas».

Calidad del servicio

Todos los integrantes han indicado que el sistema que se aplique debe garantizar que se va a mantener la misma calidad del servicio que reciben actualmente las personas mayores que viven en las residencias y no consideran que el modelo propuesto por la Conselleria vaya a ser capaz de hacerlo, «al prestarse desde un único servicio de farmacia para más de 250 centros, con características, necesidades y ubicaciones muy diferentes».

Según han apuntado, «se plantea un reparto semanal de medicamentos cuando actualmente se está haciendo varias veces a la semana e incluso en determinados casos, de manera diaria», por lo que creen muy importante que la Conselleria remita al resto de entidades el estudio económico que ha llevado a cabo «para poder contrastarlo de manera conjunta y poder analizar áreas de mejora».

Además, según han indicado, «sería un buen momento para seguir avanzando en una coordinación sociosanitaria completa e integral que podría suponer un nuevo sistema de atención a las necesidades sociales y que podría conllevar un ahorro de unos 125 millones de euros anuales, según los estudios presentados en los últimos años».