Hace unas semanas cumplió tres años al frente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia; una presidencia que asumió en plena crisis de impagos de la Generalitat Valenciana (entonces en manos del PP). Hoy el Gobierno es distinto, pero los problemas son los mismos.

–Su antecesora en el cargo propuso un cambio en el modelo de guardias farmacéuticas. ¿Es uno de esos proyectos que se guardan en un cajón?

–¡No, no! Seguimos queriendo que se racionalicen. Las farmacias deben dar un servicio de urgencias, pero el sistema actual es excesivo y, en algunos casos, abusivo. Hay oficinas a las que no va nadie en toda la noche. Este es uno de los temas que se recogía en el último convenio firmado con la Administración, pero no se ha cumplido. En él se decía que en seis meses había que sacar una normativa y pilotarla durante un año para ver si funcionaba, pero no se ha hecho. Vamos a consultar con los colegiados si denunciamos el convenio con la Conselleria de Sanidad. Le pasamos nuestra propuesta en noviembre y aún no sabemos nada. Nos da la sensación de que no tienen ningún interés en avanzar en este tema.

–Hay que hacer un estudio, pero un treinta por ciento menos de guardias, seguro. Queremos que haya un mínimo, pero si se quiere tener un servicio extra, que se pague. Lo que no puede ser es que este servicio salga del bolsillo del farmacéutico. Habrá que plantarse que todo gratis no puede ser, porque entonces habrá que subir los impuestos. Un ayuntamiento tiene una farmacia de guardia en su pueblo, pero ¿a que no abre la biblioteca de noche o el polideportivo? Si no hay una necesidad sanitaria, no la hay.

–¿Está la Generalitat valenciana al corriente de los pagos?

–Estamos igual desde hace cuatro años. En noviembre de 2013, cuando se ejecutó el plan de pagos a proveedores, a finales de ese mismo mes, ya había nuevos impagos. Y aún estamos así. Estamos cobrando a 75 días, cuando el convenio estipula que sean 45. Eso es lo que establece la Ley de Morosidad, así que la Generalitat la está incumpliendo. Y lo más grave es que se les está sancionando con intereses de un ocho por ciento. Y mientras están gastando mucho dinero en muchas cosas que consideramos que son menos necesarias.

-¿Qué les dicen para justificar esos retrasos?

-Que no tienen dinero; que el Gobierno no les da dinero y que hasta que no se solucione el problema de la financiación autonómica esto va a ser imposible de arreglar. Pero lo que estamos viendo es que están haciendo una serie de inversiones y gastos que no son urgentes, como la reversión del Modelo Alzira, la apertura de la televisión autonómica o una planta para fabricar pastilleros para 27.000 enfermos crónicos. Es una irresponsabilidad financiarse con nuestro dinero.

-¿Qué supone esto para la caja del farmacéutico?

-Un mes de impagos supone entre unos 15 y 18 meses de beneficios. El farmacéutico no gana un treinta por ciento como se dice por ahí, sus beneficios rondan el ocho por ciento (antes de impuestos).

-¿Ya no es rentable ser farmacéutico?

-No digo que no sea rentable, pero no somos ricos. ¿Que hay farmacéuticos que ganan mucho dinero? Pues claro, y arquitectos y abogados... No hay que olvidar que instalar una farmacia que sea competitiva supera los 300.000 euros (mobiliario, maquinaria, local...) de inversión.

-¿Han cerrado muchas oficinas en estos años de crisis?

-Esa es la pregunta del millón. La farmacia requiere una licencia, cerrar no sirve de nada, pierdes dinero, así que lo que se ha hecho en muchos casos ha sido traspasar el negocio para poder pagar la deuda y no arrastrar a la familia con ellos (muchos recurrieron a préstamos familiares). En los peores casos han tenido que acudir al concurso de acreedores (al menos que nosotros conozcamos en estos momentos hay una veintena de oficinas en esta situación).

-Han sido muy críticos respecto al cambio en el modelo de dispensación farmacéutica a las residencias. ¿Confían en que Sanidad recapacite?

-El modelo que existía no lo queríamos nadie, solo los que lo llevaban.

-La Conselleria asegura que se ahorrarán 13 millones.

-Sí, pero los estudios económico y de viabilidad no se han hecho públicos. Nosotros hemos hecho un informe calculando, con los datos aproximados porque los verdaderos no nos los facilitan, y no nos salen los mismos números. En el mejor de los escenarios pueden ahorrar 4,5 millones de euros, y en el peor, perderlos. Depende de las complicaciones que puedan surgir en el sistema. Además, tampoco han tenido en cuenta los riesgos que se corren al centralizar un servicio.

-Este cambio en el sistema les llevó a anunciar que repensarían su apoyo al copago.

-Nos deben más de cien millones y pese a ello les seguimos apoyando. Lo que dijimos es que debido a que asuntos como la reestructuración de los servicios de urgencias o el calendario de pago están en el convenio, si estos se incumplían, se incumplía el convenio de prestaciones. Y si se rompe el convenio de prestaciones, sobre el que se sustenta el del copago, este también se rompe. Pero en cuanto al tema de residencias quiero insistir en que la Administración se equivoca. Y, además, nos duelen las formas, porque no se nos ha consultado. Y que conste que no estamos en desacuerdo con el planteamiento, sino de lo que dudamos es de la superfábrica del hospital La Fe. Creemos que es un riesgo enorme, económico (porque es hacer una inversión millonaria que puede fracasar) y sanitario (porque si hay un incendio o un ciberataque, por ejemplo, se quedan sin servicio más de 20.000 enfermos crónicos).