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La partida de ingresos de 1.300 millones de euros en concepto de infrafinanciación que año tras año el Ejecutivo valenciano incorpora a los presupuestos de la Generalitat ha acabado convirtiéndose en una pieza de quita y pon que evidencia lo sufridos que son los números cuando se trata de cuadrar los presupuestos o presentar un plan de ajuste para lograr una inyección de liquidez. Los citados 1.300 millones, «ficticios» en terminología del PP y «reivindicativos» en el lenguaje del bipartito, volverán a ser el comodín de la Conselleria de Hacienda para ajustar los próximos presupuestos de 2018 (los terceros de la era Puig) al objetivo de déficit público.

La inclusión de esta partida se da por hecha en el departamento que dirige Vicent Soler, ya que es la única vía para cuadrar unas cuentas que de nuevo se están elaborando en una situación de déficit de recursos para cubrir el gasto social. Será la tercera vez que Hacienda eche mano de una partida de ingresos que con toda probabilidad tampoco llegarán en el ejercicio en curso, aunque ahora se está más cerca que nunca. Eso sí, el Gobierno central debería cumplir con el calendario (cosa bastante improbable) y alcanzar un acuerdo político sobre la nueva financiación antes de acabar 2017.

La propuesta de los expertos que debe servir de base para el nuevo modelo recoge gran parte de las reivindicaciones del Consell y ha hecho albergar esperanzas de que la revisión del reparto del dinero acabará con el maltrato.

Pero en espera de que este escenario se concrete, al Consell le siguen faltando cada año más de mil millones de euros para poder pagar sus servicios públicos básicos. De ahí que en 2018 tendrá que incluir de nuevo la partida de la infrafinanciación. Estos años el dinero ha acabado llegando, pero no por el procedimiento reclamado, sino vía FLA extraordinario que cubre el déficit no permitido pero a costa de mayor endeudamento para la Generalitat.

Ahora bien los 1.300 millones que engrosan los ingresos entran y salen de la programación financiera. Ya lo denunció el PP el año pasado al constatar que habían caído del plan de ajuste diseñado el año pasado para poder cobrar el FLA. Y este año ha ocurrido lo mismo. El Plan de Ajuste de la Comunidad Valenciana para evaluar la condicionalidad fiscal de apoyo a la liquidez recoge una minoración de 1.349 millones de euros en el capítulo IV de transferencias corrientes. Este capítulo recogía los 1.325 millones de euros previstos por el nuevo modelo de financiación non nato a fecha de hoy. Los cuadros publicados por el Ministerio de Hacienda revelan que el Consell compensa el agujero con una previsión de mayores ingresos vía impuestos y tasas. Así, por ejemplo, el Consell prevé un incremento del 16% y del 24% en la recaudación del impuesto de tansmisiones y actos jurídicos, respectivamente, es decir, 313 millones más. El incremento más llamativo se produce en el capítulo III de tasas y precios públicos, con un aumento de 247 millones de euros, un 47,3%.

Para el diputado del PP Rubén Ibáñez se trata de un maquillaje contable que les da la razón en que los 1.325 millones de euros eran ficticios y no se iban a ingresar, algo que el PP denunció cuando se debatieron los presupuestos. Ibáñez subraya también que el Consell se ha comprometido con Hacienda en reducir gastos para cumplir con el déficit y prevé una reducción de 261 millones en transferencias corrientes. «Habría que preguntar qué medidas van a adoptar para lograr estas reducciones, ya que las tranferencias sirven para pagar gasto farmacéutico, universidades o la dependencia», reflexiona.

Desde Hacienda, sin embargo, se sigue defendiendo la continuidad de la partida de los 1.300 millones al considerarla una reivindicación política irrenunciable. Respecto a la baja en el plan de ajuste, indican que se plasmó de esta manera por imposición del Ministerio de Hacienda. «Ellos dan de baja esta partida como condición de desbloquear el plan de ajuste», indicaron. Por otro lado, subrayan que, a diferenica del año pasado, en 2017 no está previsto ningún «tijeretazo» en las cuentas mediante acuerdos de no disponibilidad.