La petición en el Ministerio de Sanidad iba acompañada de 46.400 firmas recogidas durante la campaña

Fuente: LEVANTE

La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, con sede en València, solicitó ayer al Ministerio de Sanidad una moratoria para estudiar los diferentes efectos adversos derivados de la vacuna del papiloma.

Con ello, buscan que las vacunas sean retiradas del calendario oficial de vacunación para todas las adolescentes de entre 11 y 14 años. «Nosotras no pedimos que se prohíba, sólo que deje de ser obligatoria», afirma Alicia Capilla, presidenta de las asociación.
La petición iba acompañada de 46.400 firmas que fueron recogidas durante la campaña. Con estas, se busca denunciar los 1.172 casos de sospechas de reacciones adversas notificadas por profesionales sanitarios desde 2008, fecha en la que vacunas como Gardasil y Cervariz fueron incorporadas al calendario común de vacunación.

De estas sospechas de reacciones adversas, 63 fueron notificadas en el primer semestre del 2017, de las cuales, el 52% de ellas fueron clasificadas como graves.

Según Capilla, en estos casos graves se incluyen tanto las hospitalizaciones, como la discapacidad permanente o la muerte. «En este último año, fueron notificadas dos muertes más que se añaden a las 5 de los últimos nueve años», añade Capilla.

Sin embargo, según el doctor David Moreno, «tras más de 200 millones de dosis administradas en el mundo, la vacuna ha demostrado ser segura, con un balance beneficio/riesgo muy favorable».

Unas declaraciones que no son compartidas por la asociación, pues aseguran que 1,85 % de cada 10.000 dosis administradas reporta una reacción adversa, con lo que no creen que «esto signifique un balance beneficio-riesgo positivo», sobre todo teniento en cuenta la incidencia de la enfermedad.

Por ello, la asociación va a iniciar otra campaña de recogida de firmas encaminada a lograr el reconocimiento de los efectos adversos padecidos por las afectadas. Además de la acción legal conjunta con asociaciones europeas contra la UE y otra en España de protección de derechos fundamentales para el reconocimiento de los efectos adversos y las personas que lo padecen.

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