La Consejería de Salud Universal de Comunidad Valenciana, y en concreto su directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, ya tiene sobre la mesa las alegaciones de la profesión farmacéutica al proyecto normativo (a través de la modificación de varios artículos de la LOF regional) que sustentaría el nuevo modelo de prestación farmacéutica a residencias (Resi-EQIfar) que desea implantar a partir de enero de 2018. Un modelo que, cabe recordar, centralizaría toda esta prestación a través de un único servicio de Farmacia dependiente del Hospital La Fe (Valencia), tanto para residencias públicas como privadas e independientemente de su número de plazas.

Por la notoria beligerancia y oposición que vienen manifestando respecto a este plan, cabe detenerse en las alegaciones presentadas por el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ya en su primera consideración plasmada en el escrito de alegaciones (al que ha tenido acceso EG), los colegios farmacéuticos insisten una vez más en “dejar constancia” que con este nuevo modelo “el papel de la oficina de farmacia en la asistencia farmacéutica a estos centros es puramente residual”.

No todo es confrontación en este escrito alegatorio. Los colegios farmacéuticos manifiestan estar “plenamente de acuerdo” con su Consejería en los objetivos de “equidad, calidad e integración” que debe perseguir un nuevo modelo en la prestación a residencias. Sin embrago, matizan, “para la consecución de los mismos no se justifica la exclusión de la farmacia comunitaria de facto”. “Es más —prosigue el escrito— la integración de la prestación farmacéutica sociosanitaria exige todo lo contrario, en el bien entendido que la red de proximidad de farmacias comunitarias existentes presta y debe seguir prestando un papel importante en la misma”. Para estas corporaciones, Resi-EQIfar, tal como está planteado, no es “ni equitativo ni sensato”.

Ya entrados en propuestas concretas —aunque los COF están ultimando un modelo alternativo más conciso que presentar a la Consejería—, en este documento adelantan algunas de las líneas que centrarían ‘su’ modelo. Por ejemplo, partiendo del mantenimiento de la prestación desde las farmacias a centros de menos de cien camas (a tenor de lo que permite la ley), apuestan por “definir unas reglas claras de vinculación de las farmacias con los depósitos de medicamentos” de las residencias.

Unas reglas que, a juicio de los COF, deben contener un nivel de capacitación suficiente que asegure la calidad del servicio; una protocolización de todas las fases de la prestación —aprovechando los PNT existentes “en buena parte” de las farmacias que ya realizan esta prestación—, una ventana temporal suficiente para poder rentabilizar las inversiones que deban acometerse (por las farmacias), y la posible adscripción territorial a las farmacias VEC y a las del ámbito rural.

En este sentido, los COF valencianos comparten con la Consejería en su diagnóstico de que el modelo actualmente vigente ha provocado una “excesiva concentración” de la prestación farmacéutica a residencias en apenas “unas pocas farmacias comunitarias”.

Dado que es innegable el también objetivo económico que persigue la Generalitat valenciana con este modelo centralizando la compra y suministro de medicamentos a residencias en la Farmacia Hospitalaria, los colegios no pasan por alto esta cuestión. En este sentido, se recuerda que “existe margen de negociación en la materia” —si se mantiene el servicio a través de farmacias— y se confirma la “voluntad negociadora” para buscar acuerdos en este aspecto.

Asimismo, también se critica la intención de la Administración de construir una plataforma logística ex profeso para dar este servicio anexa al Hospital La Fe con una superficie en torno a 3.000 y 5.000 m2.. “Hacer depender toda la logística en centros sociosanitarios de un estructura central, por fuerza de dimensiones colosales, crea unos riesgos al sistema que no han sido evaluados (...) la estructura que pretende crearse entendemos supone una inversión importante que no aparece cuantificada y que parece osado realizar en las actuales circunstancia financieras de la Generalitat Valenciana”, denuncian.

No solo los colegios han presentado alegaciones a la Consejería. También lo ha hecho el Sindicato Libre de Farmacéuticos de Comunidad Valenciana.

De partida, critican que este proyecto vaya a tramitarse a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad Valenciana, evitando así el debate parlamentario. Este colectivo recuerda que en una reunión mantenida con el equipo de Gobierno de la Generalitat en 2015 “se nos manifestó que sería eliminada la práctica de legislar en materia de farmacia a través de la ley de Acompañamiento”, una práctica que consideran “antidemocrática al hurtar este debate”.

Asimismo, se alega que la memoria económica que sustenta este proyecto es “creativa, ajena a la realidad y claramente errónea” y calculan que hay desfases de costes no presupuestados que, en la suma de todas las partidas —personal, logística, mantenimiento— supera los varios millones de euros.

En resumen, para este sindicato, con Resi-EQIfar la Generalitat “solo tiene una pretensión económica y de concentración de poder en la Administración en perjuicio de las oficinas de farmacia”.