FUENTE: Correo Farmacéutico

El pasado 14 de julio Jaime Giner, presidente del COF de Valencia y del Consejo autonómico de COF, recibió la propuesta de la Consejería valenciana de modificar cinco artículos y una disposición transitoria de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica. En virtud de la misma, presentó alegaciones el 28 de julio, según publicó www.correofarmaceutico.com, dejando claro que el papel que se otorgaba a la oficina de farmacia en asistencia farmacéutica a centros sociosanitarios es “puramente residual”. Si bien coincide con la Consejería en que hay una excesiva concentración de la prestación farmacéutica en pocas farmacias comunitarias (la Consejería habla de que el 50 por ciento de la facturación se concentra en el 1,5 por ciento de las boticas),Giner lo achaca a una “falta de desarrollo normativo de la legislación aún vigente en esta materia”.

Por tanto, añade que deben definirse “unas reglas claras de vinculación de las farmacias comunitarias con los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios”, contemplado en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril. En este sentido, los COF alegan que “no sería legal imponer los servicios de farmacia de titularidad pú- blica a los centros privados y a los pacientes que se encuentren ingresados, vulnerando el derecho a la autonomía del paciente”. Las reglas que los COF consideran necesarias para vincular boticas a residencias deberían contener “un nivel de capacitación que asegure la calidad en el servicio; una ventana temporal suficiente para poder rentabilizar las inversiones que deban acometerse, la adscripción territorial y el apoyo a las farmacias VEC y a las establecidas en el ámbito rural, ya que sin las mismas el modelo de cercanía farmacéutico asistencial perdería vigencia”.

MEMORIA “INFUMABLE”

A su vez, el Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana (SLFCV) presentó alegaciones el 30 de agosto. “Las hicimos en 24 horas el presidente (José Antonio Puchades) y yo”, afirma Miguel Mancebo, abogado y farmacéutico. En ellas, califican la propuesta económica de la Consejería como “creativa” y “ajena a la realidad”. Mancebo añade que “es infumable. Me temo que el motivo de la Consejería no es económico, sino asumir competencias que no tenía. Con esa memoria económica, va a perder un mínimo de 10 millones de euros al año”.