FUENTE: Levante

Todos somos conscientes de ello y estamos trabajando desde hace años para lograrlo, compartiendo la necesidad de establecer unos criterios y hacer que funcionen realmente. No obstante, los implicados en este sector no comprendemos el camino elegido por la Administración ya que duplica recursos ya creados, actúa con precipitación, con total oscuridad y con unos argumentos que no se sostienen, además de desacreditar a profesionales para su justificación y utilizar al paciente cuando habla de un supuesto ahorro económico que no es real.

La Administración no puede, ni debe, alabar un servicio farmacéutico sociosanitario público, y cargárselo de un plumazo, dejando a los profesionales en la calle con un futuro incierto, tal y como ha ocurrido en el caso del modelo sociosanitario basado en el decreto 94/2010 y que se quiere derogar. Un decreto que regula como debe ser la atención sociosanitaria también en los centros sociosanitarios privados y que si se pusiera en marcha tendríamos una atención de gran calidad y sostenible. Sin embargo, parece que la conselleria no está dispuesta a aplicar un decreto promulgado por «otros» y lo quiere derogar.

La conselleria argumenta motivos económicos, aunque todos los estudios realizados hasta el momento por otros organismos auguran grandes pérdidas que pueden llegar a ser importantes. Su memoria económica denota grandes deficiencias y resulta evidente que quien la ha realizado no conoce ni la legislación ni cómo funciona este sector.

Cuando se discute al respecto, al carecer de argumentos válidos, se recurre a la cuestión de la "calidad", aspecto que queda cuestionado desde el momento que no se ha aplicado el decreto 94/2010.

En el caso de necesitar realizar cualquier cambio, entendemos que es mucho más sencillo modificar un decreto, que recurrir a la ley como ha criticado la Comisión de lo Económico y Social en su informe. Además cuando se presenta un modelo de alta calidad como el presentado por el MICOF, que cumple con las normas ISO y que garantiza una atención de calidad, desde la Administración evitan la cuestión bajo el pretexto de la "equidad".

Sin embargo, lo único que consiguen desde Sanidad es una gran "inequidad" al vulnerar la autonomía del paciente y crear diferencias en la prestación farmacéutica independientemente de sus recursos, ya que se recibe una prestación diferente solo en función de su lugar de residencia, pero no de sus recursos y condiciones, como por ejemplo dependencia o ingresos económicos. Siendo esta una de las causas de posible vulneración de la constitución.

La propia conselleria reconoce que la única experiencia conocida en la que se ha aplicado este tipo de asistencia sociosanitaria hasta el momento sólo atiende a 6.600 pacientes en hospitales y grandes residencias (no sabemos si es pública o privada). Por ello, deberíamos preguntarnos como quieren aplicarlo en nuestro caso con 28.000 pacientes. En definitiva, desde el MICOF no comprendemos este empecinamiento, ya que cuando se analiza a fondo la situación sólo queda que desde Sanidad quieren montar una plataforma logística.

Creemos que la Administración debe ser mucho más transparente, ya que no se conoce realmente como y quien va a realizar este "experimento". ¿Es consciente de que está utilizando a miles de pacientes en centros privados y por imposición para esta experiencia?, ¿es consciente y responsable la Administración de que ante cualquier problema deja a miles de pacientes a expensas de una clausula transaccional que no puede durar en el tiempo?

A pesar del empecinamiento que hay en este proyecto desde Sanidad, nos cuesta creer que una Administración "responsable" este procediendo de esta forma. Exigimos saber quién va a ser hará cargo de las quejas de los pacientes o cuando se den de bruces con la realidad y vean que este proyecto no tiene sentido ¿Va a ser el President el responsable o será la Vicepresidenta y titular de Bienestar Social quien va a responder cuando los residentes se levanten en protesta? Un montón de errores que perjudicaran a los pacientes, y por ende que pagaremos todos los valencianos.