FUENTE: Levante

El gasto farmacéutico es una de las principales preocupaciones para la sostenibilidad del sistema sanitario. Año tras año se miran con lupa los incrementos en esta factura que, en la Comunitat Valenciana supera ya los 1.200 millones de euros. El problema es que tanto la Comunidad Valenciana como el resto de regiones que están adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) están de alguna manera obligadas a no contener ese gasto, al menos no por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto, PIB, según desvelaba ayer eldiario.es.

Así lo marca el Gobierno en las órdenes que, periódicamente publican para regular las «condiciones adicionales» que las regiones que quieran optar al FLA han de cumplir para acceder a estos fondos. Entre ellas y junto a la regla de gasto, el plan de ajuste presupuestario o la permeabilidad de datos está suscribir el protocolo de colaboración que en su día el Estado firmó con la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria, en noviembre de 2015.

En puridad, y según explicaron fuentes de la administración, el convenio asegura a las industrias farmacéuticas un flujo constante de compras por parte de estas comunidades ligado, además, al crecimiento del PIB. De hecho, se obliga a seguir gastando en fármacos siempre que haya crecimiento y, de no ser así, se prevén compensaciones hacia la industria para no perder este margen, recíprocas si se invierte la balanza. De esta manera, se asegura que los medicamentos «de marca» tienen siempre compradores en detrimento de los genéricos, que son aquellos en los que la patente ha expirado y pueden ser fabricados de forma «libre» y que, en principio, debían salir al mercado con un precio más barato.

En esta situación estaban el año pasado otras ocho comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia). Todas habían suscrito este convenio. La justificación que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio en su día a «imponer» un techo de gasto farmacéutico fue que así se permitiría «que las innovaciones farmacológicas puedan introducirse en ese techo de gasto, para que los pacientes tengan garantizado el acceso a las últimas generaciones de medicamentos» y evitar así que, para ahorrar, las regiones obligadas a ir al FLA recortaran en fármacos de última generación.

Una motivación poco «clara»

La motivación final, sin embargo, «no está tan clara» para la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que ayer reconoció que la medida deja a la administración valenciana «entre la espada y la pared. No tienes alternativa porque, aunque se puso como voluntario, en la práctica, no lo es». «Por la vía de los hechos te están obligando a algo que es un contrasentido. La motivación no ha quedado clara en un acuerdo que se firmó in extremis en vísperas de las elecciones y sin hablar con las comunidades autónomas», criticó.

La obligación de seguir creciendo en factura farmacéutica mientras se opte al FLA choca de lleno con las políticas que a nivel regional se están implantando para intentar conseguir medicamentos más baratos, como las centrales de compra propias o la penetración de genéricos y biosimilares. Montón aseguró ayer que la conselleria no ha dejado de implementar ninguna de estas medidas aunque todavía están «en un momento inicial» por lo que los ahorros conseguidos «todavía no están comprometiendo la regla de crecimiento». De 2015 a 2016 el gasto farmacéutico aumentó un 6,69% de 1.132 millones de euros a los 1.208 del año pasado.

«No hemos tenido que compensar todavía a la industria y creo que no lo ha tenido que hacer ninguna comunidad pero firmar un convenio que dice que si no consiguen beneficios, tú se los compensas, en defensa del interés general no parece», añadió la consellera. Sanidad ya compra el 12% de sus fármacos a través de la central de compras con un ahorro de , millones de euros, según cuantificó en su día la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz. El objetivo era llegar al 22% este año. La cuota de penetración de los biosimilares es ya del 25% «con un ahorro de 900.000 euros».