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Los directores de institutos de Secundaria han dado la voz de alarma ante la obligación que les han trasladado las consellerias de Educación y de Sanidad de poner inyecciones a los alumnos en caso de emergencia. Los responsables de los centros consideran que esta obligación excede de sus competencias y de sus responsabilidades, y expresan una gran preocupación ante las posibles consecuencias adversas que podrían derivar sobre la salud de los afectados ante una práctica incorrecta. La reiterada petición, nunca atendida, de profesionales sanitarios en los centros educativos resulta más acuciante ante la nueva responsabilidad que asumen los docentes, aunque el portavoz dela asociación autonómica de los directores de Secundaria -y a su vez director del IES Pare Vitoria de Alcoy-, Toni González Picornell, apunta con cierto sesgo de ironía que «si no pedimos directamente un enfermero en cada centro escolares porque nos tildan de locos, pero estamos hondamente preocupados ante el nuevo protocolo sanitario para los centros escolares».

La normativa

El protocolo de «atención sanitaria específica en centros educativos» aprobada por el Consell que gobiernan el PSOE y Compromís, y firmado por las consellerias de Sanidad y de Educación, introduce como novedad la obligación de actuar de inmediato en los centros educativos, en horario escolar, ante una situación de «emergencia previsible y no previsible”. En la práctica esta premisa se ha traducido ya en la necesidad de que un director haya tenido que pinchar a algún alumno tras caer al suelo repentinamente, como detalla González Picornell, tal y como le han trasladado desde otros institutos. «En este caso en favorablemente, pero los profesores no quieren verse con esta gran responsabilidad porque ¿y si lo haces mal?», sugiere el portavoz. Lo primero que marca el protocolo que debe hacer el docente ante una emergencia de salud en las escuelas es «llamar al 112 y a la familia». González Picornell relata cómo en los casos que le han trasladado sus homólogos en Secundaria «desde el 112 se indicó a uno de mis compañeros en un centro educativo de Secundaria que debía pinchar al alumno mientras llegaba la ambulancia». Y lo hizo. La normativa no indica expresamente que se deba pinchar, pero llamar al 112 implica seguirlas instrucciones del profesional que atiende al teléfono, como detalla Picornell «y aplicar una inyección son palabras mayores», sostiene en nombre de los responsables de los centros a los que representa.

Primaria

Representantes a su vez de los directores de Infantil y Primaria corroboran la obligación de medicar al alumnado con enfermedades crónicas en el propio centro escolar, aunque sostienen que en su caso no se han visto en ninguna situación extrema como para tener que inyectar a un niño y que en su caso intervienen desde el centro de salud asignado al colegio. «Hace dos cursos no había protocolo y se usaba el sentido común, sin suministrar ninguna medicación a excepción de algún caso concreto pautado por el médico y previa autorización de los padres exonerándonos de responsabilidad», explican los docentes. Los portavoces de los directores admiten que la filosofía de trabajo y de vida «ha cambiado mucho» de un tiempo a esta parte, pero ven en este protocolo sanitario «una carga de trabajo y de responsabilidad muy importante para los centros educativos. Quieres hacerlo bien, por supuesto, pero no es plato de gusto verte en una situación tan grave como que en tu mano esté que un alumno salvar la vida a un alumno», alerta González Picornell. Los directores sostienen que «asumimos la función de un ATSo de un enfermero, y no tenemos muy claro hasta qué punto deberíamos asumirlo como concreta la normativa. No lo vemos bien porque puede pasar una desgracia y estar pendiente de la salud de los niños no es dirigir un centro educativo, va más allá», protesta. Este es el segundo curso que está en vigor el protocolo y las situaciones que han tenido que abordar los profesores han llevado al colectivo a reclamar que se les exima de esta responsabilidad.

Socorro

Desde el Consell se alude a la obligación de la asistencia y socorro que tenemos todos los ciudadanos, sin excepción, ante una situación de emergencia, pero los directores replican que el día a día en los centros educativos abarca una casuística muy amplia, y que cuando hay varios alumnos contratamientos crónicos y posibles complicaciones de salud –a las que ahora debe responder como medida de urgencia cualquier profesor –, la situación se vuelve muy complicada. El protocolo también incluye la correspondiente formación docente específica para que los docentes sepan cómo actuar ante una posible emergencia sanitaria, «pero cada enfermedad requiere tratamientos distintos, hay migrañas, déficit de azúcar en sangre, trastornos gastrointestinales, y no es sencillo que desde el primer día el claustro entero comparta estas situaciones que habitualmente recaen sobre el equipo directivo del centro y se prolongan en el tiempo», aclara el portavoz del colectivo. «Preferimos encargarnos directamente de llamar al 112, por supuesto, y que venga una ambulancia. La responsabilidad que nos ha caído de actuar ante urgencias sanitarias previsibles y no previsibles es excesiva y nos tiene muy preocupados», concluye González Picornell.