FUENTE: Las Provincias

Pilar Ruiz decidió hace años que iba a luchar contra el bicho, que no se quería rendir. Tiene una hija de once años por la que luchar. Lo que no se podía imaginar era que la pelea contra el cáncer de estómago iba a ser tan complicada, sobre todo por las cuestiones adicionales a la enfermedad. El tratamiento consistió en extirparle todo el estómago, algo que salió bien en términos médicos. Pero el problema fue todo lo que conlleva añadido la enfermedad.

Tuvo que pedir una baja médica, lo que mermó sus ingresos en un 30%, para curarse. Después obtuvo una incapacidad parcial, lo que dejó sus ingresos en 458 euros. «Ni una persona normal puede vivir con esa cantidad», apunta Pilar. Una persona que no tenga los gastos derivados de su enfermedad. Porque al carecer de estómago, su organismo se «revoluciona». Tiene carencias nutricionales, vitamínicos, diarreas y el síndrome de Dumping, que le ocurre por estrés o después de cada comida. «Tengo taquicardias, inestabilidad, confusión», relata Pilar, que lleva un aparato para controlar la glucosa, una de las alertas de este síndrome.

El pequeño aparato que siempre la acompaña, las vitaminas y otros productos tienen una factura de 300 euros. «Luego hay que pagar el alquiler, las facturas normales y vivir», apunta. Pero con sus ingresos, es imposible. Gracias a su madre puede salir adelante. Consiguió una incapacidad del 65%, lo que no solucionó nada. «No puedo trabajar porque me dicen que me paso», añade. La lucha se trasladó para conseguir una incapacidad permanente. A pesar de tomar medicamentos paliativos e hipoglucemia severa, se la denegaron. «La juez me dijo que una dieta me valía. A otras personas en mi misma situación no han pasado de la primera instancia porque se la han concedido. Hace falta unos protocolos claros», explica Pilar, que ha llevado su caso al Tribunal Supremo.

Pilar es un ejemplo, según señala la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de los problemas que sufren los pacientes y sus familias con ingresos bajos para poder llegar a fin de mes. Por ese motivo, la AECC ha reclamado al Gobierno la creación de un plan integral para las familias con cáncer para evitar esas medidas de vulnerabilidad. «Se da el caso de que tienen que elegir entre medicinas y pagar facturas», ha señalado Raquel del Castillo, responsable de Trabajo Social de la AECC y autora, junto a Belén Fernández, del informe sobre el 'Impacto económico del cáncer en las familias en España'. Por poner un ejemplo, u n caso típico de cáncer de mama -pelucas, transporte no urgente, analgésicos o cremas para la piel- tienen un gasto de los 150 euros; una invesión que se dispara a los 300 euros en los cánceres gástricos como el de Pilar.

Este estudio señala que cada año, unas 25.000 personas con cáncer se encuentran en riesgo de exclusión social a causa del diagnóstico de la enfermedad, ya que es una de las enfermedad es que requiere una baja médica más prolongada. Por ejemplo, el cáncer de mama es la segunda causa de incapacidad temporal de más de doce meses, solo superada por la patología lumbar. La AECC se ha centrado en tres colectivos: autónomos, personas desempleadas y trabajadores con bajos ingresos. Entre los primeros, el estudio destaca que son 10.986 las personas que trabajan por cuenta propia a las que se les ha disgnosticado un cáncer. El problema de este colectivo -siete de cada diez casos son hombres- es que deben mantener todos sus gastos. «Sus ingresos pasan de ser unos 670 euros mensuales (media realizada), a los que hay que restar 275 euros de la cotización. Se quedan 395 euros para hacer frente a los gastos habituales», apunta Del Castillo.

En el colectivo de parados, se detectaron 9.832 casos de cáncer. la mitad no cobraba ningún tipo de prestación. Esto significa que las familias que cuenten con bajos o nulos ingresos, se ven obligadas a decidir entre, por ejemplo, pagar las facturas o comprar medicinas. Por último, hay un tercer colectivo que son aquellas personas con cáncer cuyo salario es menor a 710€/mes, Salario Mínimo Interprofesional establecido en 2017. Cada año, se encuentra en esta situación 3.744 personas que, al ver su salario reducido en un 25%, están en claro riesgo de exclusión social.