FUENTE: El Mundo

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)ha suspendido cautelarmente la licitación del programa Resi-EQIFar que creó la Conselleria de Sanidad para repartir medicamentos a las personas que se encuentran en residencias de mayores, tanto públicas como privadas, hasta un total de 350 centros sociosanitarios en toda la Comunidad Valenciana.

La petición de suspensión cautelar partió del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), que ha presentado varios recursos, y de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de farmacias, y ha sido aceptada por el tribunal contractual hasta que se pronuncie sobre el fondo del recurso.

Ante la notificación jurídica el presidente de los farmacéuticos valencianos, Jaime Giner, aclaró ayer que suponía «una alegría» para el colectivo porque era «un primer paso para hacer justicia contra un modelo que no cuenta con los profesionales farmacéuticos». Giner recordó que su trabajo siempre se ha orientado hacia un nuevo modelo de atención farmacéutica sociosanitaria, «consensuado con todos los sectores, que integre a todos los profesionales y garantice una asistencia de calidad a los pacientes con la máxima eficiencia».

El presidente de los boticarios describió que en los requerimientos de Resi-EQIFar «no se exige una habilitación profesional vinculada a la farmacia ni tampoco se pide un requisito de solvencia técnica que acredite los conocimientos básicos que otorgen seguridad al paciente que debe recibir la medicación». Aunque la principal queja de Jaime Giner fue que Sanidad no había contado con los colectivos profesionales que participan, tanto los farmacéuticos y como los responsables de las residencias.

Sobre la intención de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, de introducir el modelo de reparto de fármacos en las residencias de la tercera edad, Giner aclaró que, a diferencia de lo que se dice desde Sanidad «si se aplica supondría un gasto cercano a los tres millones de euros (2.872.560,53 euros), ya que hay un importe que la Generalitat dejaría de ingresar (más de 4,7 millones de euros). Ello, sumado a los 4 millones que el Estado también dejaría de ingresar, supondría pérdidas de 10 millones de euros».

Sanidad había dividido el contrato dos lotes: por una parte la preparación individualizada de dosis unitarias de medicamentos y de los pedidos de reposición de los depósitos de medicamentos y productos sanitarios. Y, por otra, la recogida y entrega de ambos a los centros sociosanitarios a través de una red logística de distribución.

Desde la Conselleria de Sanidad se aclaró que la presentación y admisión a trámite de un recurso administrativo ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales «conlleva, de oficio, la suspensión cautelar del proceso de licitación». Y según las mismas fuentes «es lo que ha sucedido con esta licitación de Resi-EQIFar -aunque se mantiene el plazo de presentación de ofertas-».

En la Conselleria insistieron en que se trataba de una «cuestión puramente procedimental y la suspensión de oficio se mantiene hasta que el tribunal resuelve el recurso».

La Conselleria, tras conocer el dictamen jurídico, ha presentado sus alegaciones y, mientras tanto, continúa con el desarrollo del programa Resi-Equifar de prestación farmacéutica en residencias. La suspensión afecta a una parte del proyecto, la licitación de la central de unidosis y reparto. Por tanto, «sigue en marcha el desarrollo reglamentario de la ley a través de un decreto y las gestiones para la creación de los más de 100 puestos de trabajo ligados al proyecto», indicaron desde Sanidad.