FUENTE: Correo Farmacéutico
El COF de Valencia se ha mostrado satisfecho por la consulta pública realizada por la Consejería de Sanidad para reorientar el proyecto de la atención farmacéutica sociosanitaria. En sus alegaciones ha hecho hincapié en la necesidad de un modelo “plural e inclusivo” que no deje fuera a la farmacia comunitaria.
Según han señalado a CF fuentes del COF de Valencia, “la norma que esta Consejería ha sometido a consulta pública es, a nuestro juicio, un paso en la buena dirección” , señalando que el anuncio identifica correctamente los problemas del marco normativo presente: La redacción actual, según se publica en el anuncio, “es completamente vinculante en cuanto a las estructuras farmacéuticas y sus funciones, y no permite el desarrollo de otros modelos organizativos”” . Además, añaden, el anuncio de consulta pública apunta correctamente a lo que debiera ser el objeto primordial de la reforma legislativa: los centros sociosanitarios privados de menos de 100 camas deben tener la facultad de vincular sus depósitos de medicamentos a estructuras distintas a las previstas en la actual LOFCV -como oficinas de farmacia o servicios privados de farmacia hospitalaria-, “cumpliendo los requisitos que el legislador autonómico establezca, y en línea con la normativa básica estatal”.
El anuncio también acierta con la dirección a la que debiera dirigirse la política legislativa de la Generalitat. “El marco de la prestación farmacéutica en centros privados debe evolucionar de un modelo único y excluyente, a un modelo plural e inclusivo“, insisten desde el COF de Valencia. En cuanto a su propuesta para el nuevo marco normativo, “estamos convencidos de que la base de la reforma de la LOFCV debe ser la no exclusión de la farmacia comunitaria. El nuevo marco normativo debe basarse en la pluralidad de modelos a los que poder vincular los depósitos de los centros privados — servicios públicos y privados de farmacia hospitalaria, y oficinas de farmacia—’. De esta manera, y siempre desde el mejor de los ánimos colaborativos, “tendemos nuestra mano, como siempre hemos hecho, a esta Administración para cooperar lealmente en la construcción de un nuevo marco que garantice el mejor servicio farmacéutico en el ámbito socio sanitario de nuestra comunidad” .
Desde el COF inciden en que siempre “hemos compartido los objetivos que la Administración autonómica dijo perseguir con la promulgación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y la organización de la Generalitat. Sin embargo, la modificación operada por dicha Ley incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad que, gracias a la apertura de esta fase de consulta propuesta por la Consejeria se pueden corregir, así como construir un nuevo marco normativo que supere el actual, estable y consensuado que garantice un mejor servicio al ciudadano”.
En cuanto a dichos vicios de inconstitucionalidad en la Ley 21/2017, aparte de contravenir la normativa básica estatalestablecida en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 abril – que permite a los centros sanitarios privados de menos de 100 camas elegir el modelo de dispensación farmacéutica-, “se contravienen los artículos 9, 38 y 128 de la Constitución, que garantizan la libertad de empresa y permiten el establecimiento de monopolios públicos siempre y cuando esté justificado y sea proporcionado en atención al interés general”.
Por otro lado, el COF de Valencia y la Generalitat compartimos objetivos —garantizar el mejor sistema de prestación farmacéutica para los ciudadanos en general y los residentes, en particular—. La consecución de dichos objetivos “no debe (ni tiene) por qué traducirse en la constitución de un monopolio público en torno a la farmacia hospitalaria, con exclusión de la farmacia comunitaria o los servicios privados de farmacia hospitalaria’.
Por tanto, el nuevo marco normativo debe garantizar un servicio sólido y de calidad, pero, a su vez, debe ser un modelo integrador que cuente con todos los agentes implicados de nuestra Comunidad, incluida la farmacia comunitaria. Debe ser un marco normativo respetuoso con sus derechos.