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Los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Veterinarios y Farmacéuticos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana han enviado un escrito a la Conselleria de Sanidadmostrando su malestar ante el decreto que regulará las guardias de los trabajadores de los centros de salud pública que deben actuar cuando se produce, por ejemplo, una intoxicación alimentaria o el brote de una enfermedad grave como meningitis.

Un decreto que ha levantado polvareda entre trabajadores y sindicatos por el precio al que se quieren pagar estas guardias, 250 euros por estar una semana entera permanentemente localizados. La cuantía es muy inferior a la de otros trabajadores de la Conselleria de Sanidad, por ejemplo médicos que hacen guardias localizadas en los hospitales, y a lo que se abona en otras autonomías. Por ejemplo, en Aragón se abonan 578 euros por el mismo trabajo.

La carta firmada por los presidentes de los cuatro consejos autonómicos de los colegios profesionales insta al departamento de Ana Barceló a que subsane «de forma inmediata tal discriminación, y en igualdad de condiciones, regule y establezca un sistema de alertaguardia en la Dirección General de Salut Pública, que respete los derechos de los profesionales y a su vez les compense digna y adecuadamente a las importantísimas funciones, y a las altas responsabilidades que diariamente, soportan».

La misiva señala la inquietud que están viviendo los profesionales colegiados ante este decreto que ya ha sido aprobado en mesa técnica con los sindicatos.

«Los colegiados nos han remitido su más que motivada queja y desazón sobre dicho borrador, además de solicitarnos que procedamos a poner de manifiesto su posición, la cual hemos hecho nuestra, de reconocimiento y defensa de la labor que realizan, en pos de la salud pública de todos los valencianos, por lo que consideran una agravio y un menosprecio al discriminarlos y establecer un sistema de alerta localizada, gravemente perjudicial, tanto en el aspecto concreto del modo de regularlo, como en la retribución que se establece, la cual es claramente discriminatoria con sus compañeros estatutarios que prestan igualmente sus servicios para la Consellería de Sanidad, lo cual no es justificable por la única diferencia que ostentan, cuál es su naturaleza funcionarial», reza la misiva.

Aunque los presidentes de los colegios aplauden la regulación de estas guardias, estiman que esto no debe impedir «que se promueva una real equiparación al análogo servicio que en Sanitat, prestan iguales profesionales, tratándolos discriminatoriamente como si tuviese un menor valor o fuese menos importante que la protección de la población valenciana ante posibles situaciones de afectación colectiva, como son las funciones que desarrollan diariamente dichos profesionales, médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermería, etc».

Según destacan fuentes de estos colegios profesionales, la iniciativa de unirse las cuatro instituciones contra el decreto se gestó en Alicante, entre los colegios de Veterinarios Y Farmacéuticos, haciéndose extensivo a los médicos y posteriormente ampliándose a nivel autonómico.