El recurso contencioso-administrativo presentado a fianles de marzo por la Organización Colegial de Enfermería, a través de su Consejo General, contra el Decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que se regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia en la Comunidad Valenciana, cuenta con el aval y apoyo inequívoco de los máximos representantes del sector tanto a nivel autonómico como provincial.

A pesar de los rumores y comentarios sobre posibles dudas internas, la realidad es que en una respuesta conjunta del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y de los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, se ha expresado a CF ese apoyo sin fisuras.

SIN MÁS OPCIONES

Para el colectivo enfermero, “llegar al punto de tener que recurrir una normativa no es lo más deseable para el buen funcionamiento del sistema sanitario; y a ello se llega cuando no queda más opción y se han agotado todas las vías alternativas. Desde la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana se ha reclamado insistentemente que no se avanzase en el sentido del decreto recurrido, petición que no ha sido tenida en cuenta y ha derivado en la necesidad de acudir a la vía judicial para defender los intereses de la profesión enfermera”.

Ante estas acusaciones, Fe Ballestero, presidenta del COF de Alicante, señala a CF “no tiene ningún sentido este recurso, porque en el decreto se habla en general de los servicios y no se concreta ninguno, así que difícilmente podemos entrar en colisión con el colectivo enfermero o médico”. En este sentido, incide en que el decreto recoge que cuando se quisiera incorporar un servicio “sería necesario hacer una evaluación del mismo, incluyendo si éste forma parte de nuestras competencias”.

Ballestero lamenta también que “una medida que es en beneficio de la salud se perciba como una amenaza por otros colectivos y sea motivo de discusión”.

Jaime Giner, presidente del COF de Valencia y del Consejo valenciano de COF, coincide con el diagnóstico y las valoraciones de Ballestero, además de señalar que “no creo que el recurso tenga mucho recorrido porque, como hemos insistido, no invade competencias de nadie”.

Precisamente este decreto es puesto como ejemplo de tímido avance, pese a las dificultades, por Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) en Aragón, La Rioja y Navarra.