FUENTE: Público

Aldaia y Alaquàs son dos municipios limítrofes del área metropolitana de València. Con una población de 31.492 y 29.341 habitantes respectivamente, y con sendos centros de salud, los dos núcleos han compartido históricamente la asistencia de la farmacia de guardia. Los usuarios tanto de un término como de otro están llamados a convivir con esta alternancia del servicio; un día en Aldaia, otro en Alaquàs. Una realidad que, no obstante, empieza a cuestionarse seriamente en ambos consistorios, teniendo en cuenta una particularidad determinante: las vías del tren suponen una barrera física y psicológica muy importante, al partir los dos municipios y quedarse resentida la movilidad. Empar Folgado, concejal de Sanidad de Aldaia, se muestra contundente: "Que nos cambien la ley o que nos entierren las vías".

Y éste no es, ni mucho menos, el único caso de servicio compartido en relación con las farmacias de guardia. En la misma comarca, con una densidad de población elevadísima, ya se han sucedido reivindicaciones parecidas años atrás. En el caso de Aldaia, la concejal admite que el consistorio ha valorado alternativas provisionales para garantizar el servicio a aquellas personas que tienen más dificultades con el desplazamiento al pueblo vecino. De hecho, dice, la policía local ya actúa en este sentido. Sin embargo, Folgado insiste en la necesidad de reformar el marco normativo y bajar ratios. Sus reclamaciones han sido trasladadas a la Generalitat.

El decreto sobre los servicios de urgencia en las oficinas de farmacia aprobado en 1997 por el Gobierno valenciano especifica que, en el caso de aquellas zonas de salud o farmacéuticas que comprenden más de un municipio, el servicio de urgencia puede establecerse, efectivamente, entre las farmacias de esas localidades siempre que el tiempo de acceso a ella, utilizando un automóvil y cumpliendo las normas de circulación, no incremente en más de 15 minutos el tiempo que, de media, se hubiese necesitado en el supuesto de disponer de una farmacia en servicio de urgencia en el municipio donde se requiere dicho servicio. La misma normativa apunta que, para aquellos municipios que comprenden una o más zonas de salud farmacéuticas, deberá existir al menos una oficina de farmacia prestando servicio de urgencia hasta los 75.000 habitantes.

Es acerca de este decreto sobre el que se posan las visiones opuestas entre algunos Ayuntamientos y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Mientras los primeros reclaman garantizar una farmacia de guardia dentro de su municipio, tal y como la tienen otras localidades de menos de 30.000 habitantes, para los segundos la normativa es obsoleta y reclaman más flexibilidad. "En 22 años la sociedad ha evolucionado mucho; las comunicaciones y los servicios también", expresa Vicent Colomer, secretario del Colegio de Farmacéuticos de València (MICOF). Y añade: "Al ser un servicio que no tiene coste económico ni para las administraciones ni para los usuarios, es fácil ordenar y exigir servicios que se cargan sobre los farmacéuticos a los que se les obliga a prestar un servicio a pérdidas que, por serlo, impide la contratación de más farmacéuticos para prestarlo por lo que lo ha de asumir, sobre todo en el ámbito rural, el propio titular".

Colomer apunta que cuentan con datos de poblaciones en las que, en ciertos horarios nocturnos de urgencia, no se ha dispensado ninguna receta, por la cual cosa valora ese servicio como “inútil”. “Por otra parte, se confunde el servicio de urgencia farmacéutico con un servicio VIP a coste cero, ya que los servicios de urgencia se prestan para cubrir la atención de las recetas prescritas en dichos servicios de urgencia, no para servir cualquier producto a cualquier hora”, declara. El secretario del MICOF, el colegio de farmacéuticos considerado el más antiguo del mundo, incide en el esfuerzo asistencial y económico que les supone un modelo que describe como deficitario y ruinoso. Y reclama para los farmacéuticos el reconocimiento de los derechos al descanso, conciliación familiar y compensación de los gastos que ocasiona la prestación del servicio.

Desavenencias sobre la retribución

Consultada sobre la cuestión, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recuerda que las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público sujetos a ordenación farmacéutica. Reconoce que este supuesto esfuerzo asistencial y económico es heterogéneo para las diferentes farmacias atendiendo a su localización y población asistida. La Conselleria apunta que existe la figura de las farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida), que reciben ayuda para estos mismos determinantes. Y apela al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que determina que "el servicio de guardia es retribuido por las cantidades percibidas de los usuarios como consecuencia de la prestación del servicio, la cual cosa obliga a entender que el servicio de urgencia queda bastante compensado económicamente con lo percibido de aquellos que lo utilizan".

La legislatura saliente ya evidenció las desavenencias que sobre esta cuestión existen entre el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics y el organismo autonómico de Sanidad. En verano de 2017, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) rechazaron la propuesta de la entonces consellera Carmen Montón para reorganizar los servicios de urgencia de las oficinas de farmacia. Los farmacéuticos se niegan a establecer guardias en función de la configuración de los municipios y abogan por la agrupación poblacional como unidad de regulación. Exigen que cada farmacia de esas zonas agrupadas preste un máximo de 25 servicios rotatorios al año en el caso de guardias nocturnas, domingos y festivos. Además, a pesar de que se muestran favorables al sistema de localización, son muy críticos con la propuesta de Sanidad de admitir estas guardias localizadas con la premisa de que el farmacéutico esté en disposición de acudir a la botica en 15 minutos. Esgrimen que los costes que supone estar en todo momento a menos de ese cuarto de hora de su farmacia son sobrehumanos.

Con la conformación del nuevo gobierno autonómico pendiente de definirse, ha quedado aparcado el proceso participativo iniciado la legislatura saliente en el que la Dirección General de Farmacia de la Conselleria, los COF y la Federació de Municipis i Províncies abordan posibles modificaciones normativas. En el horizonte, un nuevo modelo de gestión de guardias o una modificación del mapa farmacéutico que, a tenor de las discrepancias, no será fácil de resolver. ¿Hacia qué dirección irá este replanteamiento? La óptima atención de los usuarios y el servicio público de salud, sobre la mesa.