FUENTE: Correo Farmacéutico

El Ministerio de Sanidad realiza una “denegación sistemática” de aumentos de precios en medicamentos desfinanciados de precio notificado que vayan más allá de la inflación. En concreto, según ha podido saber CF, no se permiten incrementos que vayan más allá de un 2%. Al cierre de esta edición, Sanidad no había explicado a CF este argumento.

No se trataría de la primera vez, ya que de forma oficial, en marzo de 2019, se conoció el veto de la Administración al aumento de precio del antidiarreico Fortasec, del laboratorio Johnson&Johnson. La empresa, en su momento, presentó un recurso ante esta decisión, aunque, a día de hoy, prefieren no dar más información “sobre la situación actual de éste ni de futuras estrategias de la compañía a este respecto”.

¿En qué puede basarse este recurso? Juristas consultados por CF consideran, como ya publicó CF, que el Gobierno puede realizar este veto en “razones de interés público”, pero debe argumentarse. De hecho, el artículo 94.4 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías, contempla esa posible objeción del Gobierno en su artículo 94.4.

Vetos argumentados

El abogado Rafael Ariño Sánchez, socio del bufete Ariño y Villar, ve posibilidades de que este recurso prospere: “Podrían poner un tope en función de los gastos de la empresa, porque ésta debe recuperar todo lo invertido. Si no se motiva el tope, Sanidad no puede ponerlo. Es de cajón. Si lo hacen así, nadie podrá invertir ni colocar los medicamentos en el mercado. Debe ser un procedimiento de acreditación de costes, y tienen que reconocer al laboratorio el razonable beneficio industrial”, explica, y se refiere tanto a los costes específicos como a los generales.

No obstante, el laboratorio no considera que esta decisión gubernamental haya ido en detrimento de esta marca: “El cambio de modelo de negocio de Fortasec, motivado por la desfinanciación obligatoria ordenada por las autoridades sanitarias, ha potenciado el crecimiento de esta marca, en línea con lo esperado”.

De hecho, según datos de la consultora Iqvia, referente a la evolución de precios entre agosto de 2016 y el mismo mes de 2019, Fortasec habría aumentado su Precio de Venta al Público (PVP). Así, en una de sus presentaciones habría pasado de 7,1€ en 2017 a 8,5€ en 2019.

Competencia desleal

En todo caso, Jaume Pey, presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), aboga por “tener un libre acceso al mercado.Muchos de estos productos, aunque fueron desfinanciados en 2012, no son sujetos a receta médica, y tienen que competir con otros que no fueron desfinanciados y tienen régimen de precio libre. Por ello, es una situación chocante en términos de competencia”.

Es más, Pey incide en que, ante una desfinanciación, siempre hay una cierta caída en el volumen de ventas, pero luego la evolución difiere en función de la estrategia de cada compañía: “Ha habido de todo: marcas que han invertido en darse a conocer más y han recuperado e incluso superado el volumen que tenían antes de la desfinanciación, y otras marcas donde las compañías no han hecho nada y han acabado olvidadas”, sostiene, y subraya que el precio medio del fármaco ronda los 8 euros.

“La penetración de las categorías no ha disminuido e incluso algunas han recuperado su caída”, añade, y comenta que muchos fármacos partían de dos euros, al estar en el sistema de precios de referencia”, señala.

Migrañas y disfunción eréctil

No obstante, Pey aclara que Anefp no apuesta por las desfinanciaciones per se: “Eso es una decisión del Gobierno, pero sí apostamos por el hecho de que el ciudadano español disponga de los mismos medicamentos para síntomas menores que los ciudadanos europeos”. Y pone dos ejemplos: “En Polonia y Gran Bretaña los medicamentos para la disfunción eréctil están considerados una categoría de medicamento no sujeto a receta. En España, son de prescripción, pero no financiados. A su vez, en Alemania algunos triptanes para tratar la migraña (dosis concretas) no necesitan receta. Son dos ejemplos de que el medicamento no sujeto a receta puede ganar territorio y plantea muchas ventajas”, asegura.

Por ello, el objetivo de Anefp es ampliar el número de indicaciones y de categorías. A juicio de Pey, ”refinanciar medicamentos no sujetos a receta médica no sería una decisión acertada, ya que incidiría directamente en la sostenibilidad del sistema sanitario”.

A este respecto, María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, ya anunció en octubre de 2018 que estudiaría la revisión de los desfinanciados en 2012, ante una pregunta formulada en el Senado, como ya publicó CF.

Eso sí, Pey matiza que si fuera necesario para facilitar el acceso a población española que no dispone de recursos suficientes, están dispuestos a colaborar en la búsqueda de “soluciones integrales y globales con todos los agentes políticos y sociales”. Y se refiere, por ejemplo, a que algunas indicaciones no se desfinancien, como ya se hizo en 2012 con las lágrimas artificiales (para el síndrome de Sjögren) o antitusivos para enfermedades graves.

En caso de desfinanciar, Pey explica que no puede quedar financiado un grupo terapéutico que puede ser sustitutivo, y matiza que “la desfinanciación no siempre garantiza que el fármaco no sea de receta”.