FUENTE: ABC.

El desmantelamiento del Estado del bienestar ha sido el látigo utilizado por toda la izquierda para criticar las medidas de ajuste puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy para enderezar la economía. Pero los datos son tozudos y no necesariamente coinciden con las necesidades políticas. Según los cálculos de BBVA Research, el gasto público en sanidad ha crecido un 18,2% desde 2003 y en educación un 18,5% en el mismo periodo.

Son datos en términos reales y por habitante (salvo educación, que se refiere a la población entre 6 y 24 años), un baremo que, en opinión de la entidad, permite ofrecer conclusiones más claras sobre la financiación de los servicios públicos básicos en relación con el número de usuarios. Generalmente se analiza el gasto público como proporción de PIB, que refleja el esfuerzo fiscal de la economía en su conjunto, pero en un contexto de recesión como la vivida por España, esta fórmula aumenta la proporción de gasto.

Lo que se ha hecho entre 2009 y 2014 es corregir el aumento del gasto público que tuvo lugar entre 2003 y 2009 bajo la batuta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, con el estallido de la crisis y la caída de los ingresos, provocó un gran déficit fiscal.
«A pesar de la pérdida de empleo masivo que se ha sufrido durante la crisis, España ha sido capaz de salvaguardar su Estado de bienestar. Los ajustes nos han devuelto a los niveles de 2007, antes de la crisis, pero no más», asegura Rafael Doménech, economista jefe de economías desarrolladas de BBVA Research. Y no sólo se trata del gasto en sanidad y educación, los datos del gasto público total también ofrecen la misma conclusión. En concreto, el gasto real por habitante se ha reducido en algo más de nueve puntos entre 2009 y 2014, recorte que llega después de un incremento acumulado de 23 puntos entre 2003 y 2009, con lo que sigue habiendo un incremento de 13 puntos entre 2003 y 2014 (ver gráfico).

En el estudio «Notas para una política fiscal en la salida de la crisis», elaborado por Doménech junto con Javier Andrés, catedrático de la Universidad de Valencia, y Ángel de la Fuente, de Fedea, los economistas aseveran que «el gasto total e incluso el gasto sin intereses por habitante se sitúan en la actualidad al menos en los mismo niveles que en 2007. Los datos, por tanto, no respaldan la percepción de quienes consideran que desde 2009 se ha producido un enorme recorte del gasto que está comprometiendo gravemente los servicios públicos esenciales, al menos si suponemos que estos funcionaban razonablemente bien antes de la crisis».

El desglose de los distintos componentes del gasto también arroja un análisis concluyente. «El gasto total, incluso medido por habitante, puede proporcionar una idea un tanto engañosa de la capacidad de prestación de servicios de nuestras administraciones públicas porque incluye partidas que han crecido por motivos variados sin que eso redunde necesariamente en mejores servicios para el grueso de la población», advierten los economistas. Las partidas que más han crecido son desempleo y pensiones, junto con los intereses. Excluyéndolas, «se observa una caída de unos 13 puntos de PIB desde su máximo en 2009 que no debe esconder una ganancia de ocho puntos desde 2003. Esta ganancia, aunque sin duda modesta en comparación con la que tuvo lugar durante los años del “boom”, no apunta en absoluto a un brutal deterioro en la calidad de los servicios fundamentales de los que nadie se quejaba demasiado hace diez años», aseveran. «De hecho, el nivel de gasto observado en 2014 es prácticamente el mismo que el existente en 2007», concluye el estudio.

La partida de gastos que más ha crecido entre 2009 y 2014 ha sido la destinada al pago de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, elevando su peso sobre el PIB entre tres puntos hasta cerca del 15% una vez descontadas las ayudas a la banca y las transferencias a otras administraciones. El gasto en personal, la compra de bienes y servicios, el pago de intereses y las prestaciones por desempleo también han crecido, en torno a un punto de PIB cada una, en ese periodo.

El estudio concluye incluso que, de cara al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Estado aún tiene margen para reducir ese gasto sin dañar la calidad de los servicios públicos y advierte de que el nivel actual de ingresos tributarios será insuficiente para eliminar el déficit y satisfacer las necesidades actuales de gasto de la sociedad española.