FUENTE: Diario Médico

Había una preocupación fundada. En septiembre, el barómetro del CIS advirtió de que el 40,3% de los españoles no estaba dispuesto a ponerse las vacunas contra la covid y en noviembre este porcentaje se elevó al 47%. El SARS-CoV-2 y su capacidad de transmisión contaba con un aliado inesperado en España, el movimiento antivacunas contra la covid.

El Ministerio de Sanidad se inquietó por el fenómeno y también preguntó. La encuesta que realizó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se dirigió a 2.100 españoles con un interrogante claro: “Si mañana mismo estuviera disponible una vacuna para prevenir la covid, ¿se la pondría?”. El 13,4% respondió que no, de manera más o menos contundente; un 9,8% estaba dudoso y un 68% dio una respuesta afirmativa.  
Los motivos que entonces llevaban a rechazar inmunizarse contra el coronavirus eran, en un 32% de los casos, la desconfianza relacionada “con la rapidez de la investigación y la intención de no ser los primeros”. Mientras que el 12,7% de las negativas se daban en persona convencidas de que los fármacos tenían efectos adversos.

Esta información sirvió para diseñar la Estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad y ponderar cuestiones de calado como si se debería obligar. 
Pero, ¿hubiera podido tomarse esa decisión en mitad de una pandemia como la actual? La respuesta corta, en la que coinciden la mayoría de los juristas, es que sí, por razones de salud pública. La decisión que  quedó reflejada en la  Estrategia fue la de no hacerla obligatoria. En el último barómetro del CIS de 2020, publicado el 21 de diciembre, el rechazo a las vacunas contra la covid había bajado del 47% al 28%.

Después del verano, cuando el virus volvió a ganar terreno, en la segunda ola, quedó clara una cosa: el SARS-CoV-2 no iba a desaparecer con medidas de distanciamiento social, lavado de manos o mascarilla. Solo se quedaría agazapado esperando a que, como sociedad, nos relajáramos o llegara la Navidad.

En este escenario, la vacuna se perfilaba, cada vez más, como “el principio del fin” de la pandemia o el arma con la que “derrotar el virus”, tal y como expresó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 27 de diciembre de 2020, cuando empezó la inmunización con nombres propios. 
La primera en vacunarse fue Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, interna de la residencia pública Los Olmos, en Guadalajara. Detrás de ella fueron vacunándose todos los mayores de residencias.

Las primeras semanas de vacunación han estado acompañadas de un ruido de fondo molesto: lentitud en la vacunación, dosis que terminan en personal no prioritario, ajustes en la producción y entrega de los fármacos, reproches entre las Administraciones por el número de vacunas recibidas... Pero ni rastro de los antivacunas.

A decir verdad, alguna pista -siempre hay alguna excepción-, sí han dejado: la mujer que no autorizó a que inmunizaran a su madre, una anciana interna de la residencia DomusVi de Santiago de Compostela. El centro llevó el caso a los tribunales y un juez dictó la obligación de vacunar a la anciana. Caso cerrado.

Los mayores que viven en residencias son el grupo fijado como prioritario en la primera etapa de vacunación. En la encuesta que realizó el Ministerio de Sanidad sobre la aceptación de la vacuna, este colectivo también era el que mostraba una mejor predisposición a inmunizarse. ¿Puede que esto explique que no haya negativas a vacunarse?

con datos. La aceptación de la vacuna, tanto entre los residentes como entre los trabajadores, en gran parte sanitarios, de los 89 centros que tiene repartidos por toda España el grupo DomusVi, “ha sido muy elevada”, según informan. Un 97,5% de los ancianos aceptaron su administración, mientras que sólo un 2,5% la rechazó. En cuanto a los empleados, un 91% aceptó ponerse la vacuna y sólo un 9% la desestimó, mayoritariamente por embarazo u otras razones médicas.

Esta información era la disponible por la compañía hasta el 12 de enero, cuando se había vacunado algo más del 50% de los residentes y sanitarios del grupo residencial. En total, 12.973 personas inmunizadas con la primera dosis de Pfizer-BioNTech, que representan un 4,7% de todos los vacunados hasta mediados de enero, según datos oficiales difundidos por DomusVi. Los datos de esta red de residencias ayudan a entender el panorama, a falta de estadísticas oficiales.

“El movimiento antivacunas se sostenía en la falta de confianza en la inmunidad descubierta contra la covid y esto se ha diluido en cuanto se ha empezado con la vacunación. El rechazo está siendo mínimo. La vacuna está funcionando por ella misma, sin necesidad de imponerla. La gente está siendo muy sensata y ha funcionado la cordura”, apunta Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y uno de los miembros del grupo técnico de Sanidad encargado de elaborar la Estrategia de vacunación frente la covid.

También miembro del mismo comité técnico, Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, celebra la gran aceptación de la inmunización y afirma: “Somos un país que tiene muy interiorizadas las bondades de las vacunas como instrumento básico de salud pública y tenemos coberturas en la primera fase de la vida superiores al 95%. Estaba convencido de que cuando llegaran las vacunas esa reticencia inicial que manifestaban las encuestan iba a ir desapareciendo. Sobre todo cuando empezara a verse lo que supone vacunar a personas de edades avanzadas y comprobar que no pasa absolutamente nada”.

Desde la Comisión Central de Deontología Médica se ha instado a los colegios profesionales a perseguir las conductas negacionistas de la pandemia. ¿Los antivacunas entran dentro de este grupo?  “Hay que diferenciar entre  el movimiento antivacunas y tener dudas de las vacunas contra la covid”, aclara Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión de Deontología. En todo caso, las dudas persisten, los antivacunas, no.