FUENTE: Correo Farmacéutico.

El fiscal del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, ha comunicado a las partes investigadas en el sumario Convector, la trama de supuesto tráfico ilegal de medicamentos, su propuesta de "declarar compleja la causa a los efectos de ampliar la instrucción del procedimiento otros 12 meses más a contar desde el 6 de junio de 2016", y, por lo tanto, pedirles a las defensas de los investigados alegaciones a esta decisión, prevista en la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La decisión final sobre la propuesta del fiscal corresponde al juez titular, Fernando Andreu.
La complejidad de la causa con la extensión de las actuaciones a 15 provincias y las características técnicas del mundo del medicamento, las exportaciones y la intervención de la Administración estarían en el origen de esta petición del fiscal, según ha podiso saber CF de fuentes judiciales. El juez Andreu ya planteó en junio de 2015, como informó CF que necesitaba más información y solicitaba a la Aemps, al Servicio Aragonés de Salud y a los juzgados que han llevado diligencias del sumario Convector que le aporten datos para poder determinar si, efectivamente, debe ser la Audiencia Nacional la que continúe con el caso. Asimismo, solicita datos del sumario de la Operación Noisa, también sobre presunto comercio ilegal de medicamentos desde Galicia, que tramita un juzgado de Madrid.

Y hay que recordar, como informó CF, que faltan datos de las policías europeas sobre las complicidades exteriores del comercio ilegal.

INFRACCIONES O DELITOS
Según ha podido saber CF, abogados de la defensa de imputados en la provincia de Granada han alegado a la propuesta del fiscal de alargar la instrucción que nada tienen que objetar, "desde el punto de vista procesal", pero insisten en que se considere la posibilidad de que sus defendidos únicamente hayan cometido una infracción administrativa, y aportan al fiscal de la Audiencia Nacional una resolución del fiscal de Órgiva (Granada) en la que, "ante unos hechos similares" según los abogados defensores, pidió que se decretara el sobreseimiento provisional "y la remisión de una copia a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción administrativa y/o disciplinaria". El fiscal García Jabaloy se ha dado por informado de aquella resolución.

La reducción de las acusaciones sobre los hechos investigados a infracciones administrativas o disciplinarias es una vía de defensa que nace de alegalidad existente en España respecto a las ventas de medicamentos entre farmacias y almacenes hasta el RD 9/2011 y, a partir de entonces, de su calificación como infracciones administrativas muy graves. Sólo tras los datos que ahora integran el sumario de Convector, el grupo parlamentario del PP introdujo en la reforma del Código Penal de marzo de 2015 tipos penales para estas prácticas, que no son aplicables a actividades realizadas antes de esa reforma (ver CF del 12-III-2015).

Al respecto se pronunció también la fiscal de Granada Emilia A. Rancaño que, como informó CF, señaló en una de las piezas del sumario que de los hechos consistentes en la llamada distribución inversa, es decir, la compra de medicamentos por la mercantil denunciada (una de las empresas implicadas situada en Granada), "puede concluirse que los mismos no revisten caracteres de infracción penal".

DELITOS CONTRA LA SALUD
Pero el juez de Teruel calificó provisionalmente las prácticas detectadas como delitos contra la salud pública en conexión con presuntos fraudes fiscales. Es por eso que el juez Andreu solicitó más datos a la Aemps y al Servicio de Salud de Aragón, para medir el impacto en la salud pública del desvío de medicamentos desde algunas farmacias a algunos almacenes para su exportación ilegal, lo que, según las diligencias practicadas por el juez de Teruel, habrían producido casos de desabastecimiento para los pacientes del Servicio Nacional de Salud. En estos términos está, en estos momentos la discusión jurídica. Otro planteamiento de algunos abogados defensores es trocear la causa y devolverla a los juzgados en cuya zona de actuación hayan tenido lugar alguno de los hechos investigados.

De momento, aunque ya ha comenzado a estudiar el sumario, el juez Andreu no se ha metido de lleno en el mismo y el fiscal es el que está en estos momentos desentrañando la madeja para ver si hay tipificaciones penales claras y cuáles para avanzar.
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Desde la aparición de la trama Convector, la Administración y las instituciones de representación profesional y empresarias se han esforzado por aumentar el control de los movimientos de medicamentos en farmacias, almacenes y laboratorios. El Ministerio de Sanidad quiere revitalizar su programa Seguimed, creará un nuevo sistema de seguimiento de los descuentos, ahora liberalizados, de los laboratorios a las boticas, como ha fijado la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y los COF y la distribución siguen avanzando en sus propios programas de control. Desde el Consejo General, el sistema de control Cismed integra ya a prácticamente todos los COF, y la distribución trabaja en un mecanismo que pueda ofrecer una imagen precisa de cada movimiento que permitiría detectar movimientos atípicos o poco habituales.

El largo camino de la trama ‘Convector’

Fechas claves en la investigación y desmantelamiento de una de las tramas más importantes de supuesto comercio ilegal de fármacos.

2014

Julio. La Aemps y la Guardia Civil anuncian el desmantelamiento de una trama de comercio ilegal de medicamentos en el curso de la Operación Caduceo y que siguen otras líneas de investigación.

Octubre. Los datos obtenidos en Caduceo llevan a una nueva operación, Pharmakon, que se centra en Aragón.

Octubre. La envergadura de lo descubierto convierte Pharmakón en Convector y se extiende desde Zaragoza y Teruel, desde donde se lleva a instrucción judicial, a 15 provincias y especialmente a Andalucía, Levante y Navarra.

2015

Marzo. Las investigaciones y la extensión de las diligencias llevan al juez de Teruel Jerónimo Cano a pedir que la Audiencia Nacional se haga cargo del proceso y la ésta acepta.

Junio. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pide más datos para determinar si finalmente asume la instrucción de Convector.

2016

Febrero. El fiscal pide declarar el sumario "causa compleja" y ampliar los plazos.