FUENTE: Correo Farmacéutico.

El gasto sanitario de las comunidades autónomas se disparó en 2015 por los nuevos medicamentos orales de la hepatitis C, con un alto nivel de eficacia pero también muy caros, lo que ha hecho que la factura farmacéutica de los hospitales públicos haya crecido más de un 25 por ciento con respecto al año anterior.
Así se desprende de los primeros datos del gasto farmacéutico hospitalario del Sistema Nacional de Salud (SNS) remitidos por las comunidades autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los que ha tenido acceso Europa Press, que incluyen datos de facturación de junio a octubre del año pasado.

La reforma de la ley de financiación autonómica y de estabilidad presupuestaria, aprobada en mayo de 2015, incluía una modificación de la Ley General de Sanidad que obligaba a los Gobiernos autonómicos a informar periódicamente de lo que gastan en medicamentos y productos sanitarios, tanto los que adquieren con receta los pacientes en las farmacias como los que se usan en los hospitales.

De este modo, hasta octubre de 2015 el gasto devengado en productos farmacéuticos y sanitarios de las comunidades autónomas (sin incluir Ceuta y Melilla, que dependen del Ingesa) ascendía a 16.669 millones de euros, un 9,2 por ciento más de los 15.259 millones del mismo periodo del año anterior.

PRIMER INFORME, CON MEDIO AÑO DE RETRASO
La norma establecía que la primera remisión de datos mensuales relativa al ejercicio 2015 se produciría el 30 de junio e incluiría información de los primeros cinco meses del año. Sin embargo, el primer informe de Hacienda está fechado en febrero de este año e incluye datos de junio a octubre de 2015.

La mitad del gasto farmacéutico total acumulado hasta ese periodo (unos 8.170 millones) va destinado a pagar los productos farmacéuticos y sanitarios adquiridos con receta en oficinas de farmacia, que apenas creció un 1,6 por ciento con respecto a 2014. Además, las comunidades ya informan mensualmente de dicho gasto al Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, el mayor aumento se experimenta en el gasto hospitalario, que se define como el derivado de medicamentos financiados con fondos públicos en hospitales y centros de atención sanitaria y sociosanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), y del que hasta ahora se desconocían los datos.

Hasta octubre de 2015, las comunidades habían gastado 5.255 millones de euros, un 25,8 por ciento más de los 4.178 millones registrados en el mismo periodo de 2014.

MIL MILLONES MÁS EN 2015, SOBRE TODO POR LA HEPATITIS C
Este fuerte incremento está causado por los nuevos medicamentos para la hepatitis C que se comenzaron a administrar a finales de 2014 y, de forma más rutinaria, a partir de 2015, en especial tras la aprobación a finales de febrero del Plan Estratégico Nacional contra la enfermedad que preveía tratar a más de 52.000 pacientes con estos fármacos.

De hecho, los autores del informe han calculado el gasto de los hospitales públicos sin estos fármacos en 2014 y 2015 y, en ese caso, el gasto hospitalario sólo había crecido un 2,1 por ciento.

Sanidad negoció con los laboratorios farmacéuticos que comercializan los medicamentos una serie de mecanismos para abaratar su coste, como fórmulas de riesgo compartido o un techo de gasto de 727 millones de euros a pagar entre años; y el Ministerio de Hacienda ofreció a las comunidades autónomas un préstamo a 10 años para que su acceso pudiera ser inmediato.

Sin embargo, hasta diciembre del año pasado el Gobierno no aprobó en Consejo de Ministros habilitar una partida de hasta 1.000 millones de euros para formalizar dichos préstamos, lo que según la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc) ha propiciado que los tratamientos no se hayan administrado por igual en todas las comunidades autónomas.

DIFERENCIAS POR AUTONOMÍAS
De hecho, los datos de Hacienda muestran diferencias por comunidades autónomas en lo que se refiere al aumento de la factura farmacéutica hospitalaria hasta octubre de 2015, con y sin los fármacos de la hepatitis C, lo que podría estar condicionado por el número de pacientes infectados o de un desigual acceso a estos fármacos.

Así, mientras que Madrid (37,5 por ciento), Baleares (33,5 por ciento) y Asturias (32,6 por ciento) es donde más crece el gasto en los diez primeros meses del año, en Extremadura (16,9 por ciento) o Navarra (19,6 por ciento) el gasto hospitalario creció la mitad.

Además, excluyendo la hepatitis C se observa como hay algunas comunidades que incluso lograron reducir su factura hospitalaria, caso de Asturias (5,3 por ciento), Castilla y León (4,4 por ciento), Comunidad Valenciana (4 por ciento) y Madrid (2,6 por ciento). En Galicia y Baleares, en cambio, el gasto hospitalario creció igualmente un 15,3 y 12,5 por ciento, respectivamente.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PODRÍA TENER ESTE AUMENTO?
La reforma de la ley de financiación autonómica establecía que el Gobierno podría penalizar a aquellas comunidades cuyo gasto global en medicamentos creciera por encima del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española.
En concreto, se preveía la creación de un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario al que podían adherirse de forma voluntaria las comunidades, lo que les ofrecía una serie de ventajas económicas en caso de cumplir con los límites de gasto acordados, que serán revisados cada año.

Sin embargo, las comunidades que lo superaran no podrían prestar servicios distintos de los incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) ni tendrían acceso al reparto de recursos económicos en materia sanitaria por parte del Estado.

No obstante, para ver si el crecimiento de algunas comunidades es superior al PIB de medio plazo sería necesario esperar a los datos de diciembre para hacer el cómputo anual de cada una.

¿QUIÉN COMPENSARÁ A QUIÉN?
Asimismo, en un protocolo firmado en noviembre por los ministerios de Sanidad y Hacienda con la patronal de la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, abrían la puerta también a una serie de compensaciones o incentivos por ambas partes, aún por definir, en caso de que el gasto en medicamentos no creciera al mismo ritmo del PIB.

Si se supera la tasa del crecimiento del PIB real de la economía española, se establecen "compensaciones monetarias" que serían distribuidas a las comunidades, mediante unos criterios que definiría una Comisión de Seguimiento que estará formada por representantes de ambos ministerios, la industria y las comunidades que se adhieran al protocolo.

Y si no se supera esta tasa pero sí los niveles de la tasa de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo, se establecerían medidas compensatorias y correctoras en favor del SNS que no "supondrían una transferencia monetaria" pero sí interés para el sistema, tales como programas de seguimiento de pacientes polimedicados, mejora de la variabilidad en la prescripción o programas de adherencia al tratamiento, con el objetivo de racionalizar el uso del medicamento.

Del mismo modo, el protocolo también establece que "en el caso de que el crecimiento fuera inferior a la regla de gasto, la Comisión de Seguimiento podrá proponer incentivos en el marco del RDL 8/2010 en la forma que se establezca".