Comienza una nueva etapa de la pandemia en España. Este lunes, con la entrada en vigor de la nueva Estrategia de vigilancia y control frente al Covid-19, las autoridades sanitarias han decidido dejar atrás gran parte de las medidas implantadas en estos dos años de «fase aguda» para iniciar la transición a una fase crónica, de convivencia controlada con el virus.

El objetivo, a partir de ahora, es dejar de prestar tanta atención a la incidencia total de la enfermedad para fijar el foco en el impacto en las personas vulnerables y el sistema sanitario.

Los altos niveles de vacunación en España -más del 92% de la población española mayor de 12 años ha recibido la pauta completa- y «la disminución observada en la gravedad de los casos notificados, justifica Sanidad», permiten dar ese salto cualitativo.

A partir de ahora, ante la sospecha de la enfermedad, sólo se realizarán test de diagnóstico las personas vulnerables -como los mayores de 60 años o los individuos inmunodeprimidos-, quienes tengan relación con ámbitos asistenciales o sociosanitarios, las personas cuya infección requiera ingreso hospitalario o quienes hayan podido estar en contacto con una variante de interés. El resto, los casos leves y asintomáticos no deberán someterse a ninguna prueba.

Tampoco se exigirá, como en estos dos años, realizar aislamientos y cuarentenas en población general. La nueva recomendación aconseja en estos casos «extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas», señala la nueva norma, que incide en que «se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. Siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo». Únicamente deben evitar acudir a su puesto de trabajo durante los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas «las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables».

Las nuevas reglas, no obstante, no son inamovibles. El faro que guiará una posible vuelta atrás será la presión sobre el sistema sanitario, la situación que vivan los hospitales. Así lo refleja la nueva estrategia, que señala que la transición «se realizará cuando todos los indicadores de utilización de servicios asistenciales, se encuentren en nivel de riesgo bajo a nivel nacional y en más de la mitad de las Comunidades». Estos indicadores suponen que la ocupación de camas hospitalarias por pacientes Covid debe ser menor del 5% y los ingresos en UCI por esta enfermedad no deben superar el 10%. Dichos indicadores, señala el texto, deben mantener «una tendencia descendente durante al menos dos semanas en las CCAA necesarias para cubrir al menos al 80% de la población española». Según datos de Sanidad, a fecha 23 de marzo de 2022, todas las CCAA a excepción de Galicia (con un 5,2%) cumplen los criterios referentes a los ingresos en planta y todas excepto Cataluña y La Rioja (con 11,2% y 10,2%) están dentro de los umbrales de ingresos en UCI.

Aunque serán los indicadores de utilización de servicios asistenciales y no la incidencia lo que marque los nuevos pasos a seguir, Sanidad y las CCAA seguirán también de cerca la transmisión en personas mayores.

En este sentido, los últimos datos, del 25 de marzo, indican que nueve CCAA superan el umbral de los 500 casos por 100.000 habitantes en mayores de 65 años en los últimos 14 días, considerado un «nivel medio». Se trata de Asturias (612,6), Navarra (898,1), Canarias (789,7), Castilla y León (606,0), País Vasco (530,7), Extremadura (982,5), Galicia (846,1), Baleares (597,8) y La Rioja (685,5).

«La incidencia de la enfermedad es todavía relativamente alta, pero dado el nivel de vacunación, el tipo de variante que está circulando -ómicron BA.2- y el hecho de que entremos en un periodo de mejor tiempo, creo que es posible hacer este cambio», señala Antoni Trilla, decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y experto en Epidemiología. «A partir de aquí lo que hay que hacer es reforzar este sistema de vigilancia y valorar si los datos que proporciona son suficientes y útiles para la toma de decisiones».

Por su parte, Salvador Peiró, especialista en Salud Pública ha señalado en declaraciones a Science Media Centre España que el cambio responde a «una decisión razonable, aun con alguna incertidumbre sobre su impacto, y que debería ir acompañada de otras medidas para anticipar posibles repuntes».