FUENTE: El Global.

Deshacer el camino andado. Eso es lo que ha provocado el informe de la Abogacía de la Generalitat valenciana a la propuesta de nuevo concierto económico y acuerdo marco entre Consejería de Salud Universal de Comunidad Valenciana y los colegios farmacéuticos regionales. Un documento que 'dinamita' el entendimiento que parecía reinar entre las partes para dejar cerrado este nuevo texto y en el que vuelve a insistir en unas propuestas que, precisamente, la farmacia valenciana siempre ha calificado de inaceptables y que se consideraban superadas. Esto sería, tal y como recoge el informe, que los pagos de recetas no se rijan por la Ley de Morosidad —y sí por la Ley de Hacienda Pública regional—, no reconocer el pago de intereses hasta pasados los 90 días del incumplimiento de abono (y no los 60 que exije la normativa nacional) e incluso extraer de este acuerdo los nuevos servicios profesionales de las boticas para regularlos mediante un futuro decreto.

La mezcla de sorpresa e indignación en el seno de los colegios farmacéuticos valencianos es total. Como informó este periódico, desde la Consejería de Salud Universal se les adelantó que el informe de la Abogacía a la propuesta final de concierto remitida por los colegios (un texto trabajado previamente por las partes en unos últimos meses de intensas reuniones) apenas recogía “modificaciones formales” que no afectarían a cuestiones sustanciales y de gran calado como, por ejemplo, el acuerdo pago de las facturas "a treinta días" de la mensualidad a la que corresponden las recetas (y que suponía un punto intermedio entre los 20 días iniciales que pedían los colegios y los 60 por los que apostaba la Administración). Incluso, según ha podido saber EG, fue la propia directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, la que transmitió ese mensaje de tranquilidad a los presidentes colegiales respecto a dicho informe, citándoles a una reunión el pasado 1 de marzo para analizar el mismo. Una reunión en la que, dado el mensaje oficial recibido, los representantes de la farmacia valenciana acudieron incluso con la esperanza de salir de ella con una fecha bajo el brazo para la firma del acuerdo.

Sin embargo, en esa reunión se les presentó un informe de la Abogacía de la Generalitat que nada tenía que ver con lo que esperaban. En concreto, un documento de 46 páginas con importantes consideraciones a un borrador de concierto y acuerdo marco que apenas supera el centenar de folios. Pero más allá de la cantidad, lo importante era su contenido: en él se recogen consideraciones que suponen volver al punto de partida respecto a las pretensiones de la Generalitat y que provocó en el pasado el enrocamiento de las negociaciones. Una situación que se consideraba superaba y que vuelve a poner en entredicho la consecución de un acuerdo.

Por ejemplo, en dicho informe la Abogacía de la Generalitat apuesta porque el pago de facturas farmacéuticas se lleve a cabo "según la normativa de precios vigentes", una ambigüedad que desde los colegios farmacéuticos desconocen a qué hace referencia. Cabe recordar que en este aspecto, la reivindicación de la profesión era clara: pago de recetas a treinta días de la mensualidad a la que corresponda la factura. "Todo lo que no esa eso no se va a firmar", confirma a EG un presidente colegial. También ha causado malestar que no haya alusión alguna a la aplicación de la Ley de Morosidad —que precisamente exige ese pago a treinta días— y sí se mencione en cambio a la la Ley de Hacienda Pública regional. Esta normativa valenciana amplía la obligación de abonar intereses de demora los proveedores a los 90 días después de la presentación de la factura, mientras que la Ley de Morosidad lo rebaja a 60 días.

Por último, cabe recordar que en diversas manifestaciones públicas, los responsables de la Consejería valoraban que este nuevo acuerdo fuese a significar la apuesta por la farmacia asistencial, debido a la regulación que en él se iba a recoger de los servicios profesionales a ofrecer en las boticas. Por eso sorprende que la Abogacía apueste ahora por extraerlos del acuerdo y regularlos vía decreto.

Así las cosas, cuando parecía vislumbrarse el final de las negociaciones entre Consejería y COF valencianos y firmar, tres años después, el nuevo texto que rija sus relaciones, este informe vuelve a poner patas arriba el proceso. Y especialmente doloroso ha sido comprobar que las "modificaciones formales" de las que avisaba la propia directora general de Farmacia se hayan convertido en cuestiones de tal profundidad.