FUENTE: Expansión.

El Gobierno se enfrenta a un nuevo varapalo presupuestario de hasta 3.000 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) va a fallar “a finales de mayo” sobre la legalidad de no pagar los intereses de demora de los planes de pago a proveedores, y hoy por hoy se inclina por dar la razón a las empresas frente al Estado español, según revelan fuentes de la Comisión Europea a EXPANSIÓN. “Hay bastantes posibilidades de que se pronuncie en contra de España”, añaden.

Afrontar ahora el pago de esos intereses causaría un terremoto en las cuentas públicas. No en vano Bruselas ya pide entre 8.000 millones y 10.000 millones de recorte presupuestario a España. Ambas cantidades, sumadas, se traducirían necesariamente en un golpe al ciudadano. Y lo tendría que ejecutar el Gobierno en funciones o el nuevo Ejecutivo que resulte de los pactos o de las urnas.

En 2012, 2013 y 2014, el Ministerio de Hacienda abonó a las empresas las facturas que les adeudaban hasta entonces las autonomías y los ayuntamientos, por valor de 41.814 millones de euros, pero lo hizo a cambio de que los proveedores renunciaran a los intereses de demora que por ley les correspondían.

Muchas pymes reclamaron. Y las sentencias que han salido hasta ahora han sido favorables. Las farmacias de Valencia y Barcelona han ganado sus denuncias en la Justicia española –ver información adjunta–. Esto es relevante, ya que es necesario que haya denuncias en el país de origen para poder poner una ante la Comisión Europea.

El Juzgado contencioso administrativo 6 de Murcia no se atrevió a sentenciar sobre un caso sin antes preguntarle a Bruselas. Por ello, emitió una cuestión prejudicial (una consulta) al TJUE que se debe resolver dentro de dos meses. El Juzgado murciano preguntó, en base a dos artículos de la directiva contra la morosidad comercial, si un Estado miembro puede condicionar el cobro de la deuda por principal a la renuncia de los intereses de demora. “En caso afirmativo, ¿puede el deudor, cuando éste es un poder adjudicador, invocar la autonomía de la voluntad de las partes para eludir su obligación de pago de intereses de demora y costes de cobro?”, añadía.

Contestación de la UE
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la asociación de proveedores que agrupa a un millón de empresas españolas, denunció a la Comisión Europea por cómo se estaba aplicando la directiva en España. “Creemos que la Administración debería pagarlos de oficio”, apunta Antoni Cañete, presidente de la Plataforma. “Lo que diga Bruselas no sólo sería importantísimo para las empresas y los autónomos de España, sino que tendría un impacto brutal para el país”, agrega Cañete, que fue quien inició en 2009 la lucha de las pymes contra la lacra comercial de la morosidad en España.

La Comisión advierte de que la contestación del TJUE sobre la consulta será vinculante y sentará jurisprudencia. Así que, si una labor de lobby del Gobierno no lo remedia, España estaría obligada a asumir el pago de hasta 3.000 millones.

Los intereses de demora ascienden al 8% anual, más el tipo de interés del BCE. De esta manera, por los 27.000 millones que abonó Hacienda a los proveedores en 2012 se deberían pagar ahora algo más de 870 millones en intereses, ya que el plazo medio de pago de las facturas públicas era entonces de 165 días (135 el de demora, al descontar los 30 días del periodo legal). Por los 6.509 millones satisfechos en 2013 se deberían liquidar unos intereses de más de 735 millones. Y por los 8.002 millones pagados a los proveedores en 2014 se habrían devengado intereses por más de 570 millones. Esto arroja una cifra final de más de 2.175 millones. Pero según Hacienda, “la antigüedad media” de las facturas “se sitúa, en el conjunto de las fases del mecanismo en 326,53 días”. Esto podría dejar la factura total, tomando un interés de demora medio del 8,5%, en 2.887 millones. Casi 3.000 millones. Este montante resultaría de que todas las empresas que se beneficiaron del programa de pago a proveedores reclamaran sus intereses de demora y éstos se les devolvieran en su integridad, contabilizando el plazo total desde que se giró la factura hasta que se les ingresó el dinero. Hacienda calculó un ahorro de 1.738 millones. “Es necesario que los intereses de demora sean muy elevados, para que tengan un efecto disuasorio”, explica Pere Brachfield, morosólogo y autor del libro Vender a crédito y cobrar sin impagados.

El Fondo de Proveedores permitió pagar más de 8 millones de facturas a casi 230.000 proveedores, según Hacienda. “Junto al FLA, habría aumentado un 3% el PIB a medio plazo”, agrega.

Ahora el problema es que los intereses prescriben a los cuatro años y éstos se comienzan a cumplir a finales de mayo, ya que Hacienda comenzó el proceso de pago del Plan de proveedores a finales de mayo de 2012. Para que ello no ocurra y los proveedores puedan cobrarlos, se deben reclamar, por carta, a la administración autonómica o local que fue morosa con ellos.