FUENTE: El Mundo

El Supremo rechazó en septiembre de 2015 el recurso de las víctimas y les negó la indemnización que pidieron al laboratorio, que comercializó un medicamento para embarazadas que causó malformaciones a miles de niños en la década de los cincuenta y sesenta, al entender que la acción de los afectados había prescrito.

El recurso de amparo que han presentado hoy se basa en que esta sentencia utilizó unos informes para comprobar la relación entre el daño y el medicamento fechados "de manera errónea" en 2008, cuando son de 2010, por lo que no estaría prescrito.

Así lo ha explicado a las puertas del Constitucional el abogado de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), Ignacio Martínez, quien está convencido de que se estimará el recurso "porque las infracciones son patentes".

"Me niego a pensar que el caso de la talidomida en España acabe de una manera tan impresentable", ha indicado el letrado a los medios, para añadir que en el caso de que el Constitucional rechace el recurso acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Por su parte, el presidente de Avite, José Riquelme, ha lamentado que no se haya tratado a los afectados por la talidomida en España, que son unos 400, como en otros países en los que sí han sido indemnizados, como en Alemania. "La gran desgracia de las víctimas es haber nacido en España", ha criticado.

"Sólo queremos que se haga justicia de una vez", ha dicho el vicepresidente de la asociación, Rafael Basterrechea, quien ha recordado que llevan cinco años luchando por esta causa y en este tiempo "han fallecido veinte o veinticinco personas por las secuelas de la talidomida".

También ha estado presente la eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra, que ha criticado la ausencia de una decisión política para solucionar esta situación, lo que ha generado una "cuestión de discriminación" con los afectados.

La farmacéutica Grünenthal ha mostrado en un comunicado hoy su discrepancia con el relato de los hechos por Avite y ha señalado que es "difícil entender por qué utilizan una vía tan compleja como es la demanda en lugar de solicitar ayudas económicas que puede alcanzar más de 7.000 euros al mes".

Ha reiterado que lamenta esta "tragedia" y ha recordado que la Fundación Contergan apoya a 2.700 personas afectadas por un producto con talidomida de Grünenthal en 38 países, incluyendo diez en España.