FUENTE: Cinco Días
Hacienda, Sanidad y Farmaindustria ya han celebrado la primera reunión para evaluar el gasto farmacéutico, pero sin activar ningún tipo de medida y sin la participación de las comunidades autónomas. Estos encuentros trimestrales están recogidos en el protocolo que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó con la patronal en noviembre del pasado año, en el que se establece que la industria deberá compensar a las autonomías si la tasa de gasto supera la del crecimiento del PIB.
La reunión se produjo a mediados de abril, tras transcurrir el primer trimestre del año, y consistió en una puesta en marcha de esta comisión entre los representantes de la patronal y del Ejecutivo en funciones. Este encuentro fue meramente protocolario sin avanzar en ningún programa para racionalizar el gasto, según fuentes del sector farmacéutico, ya que entienden que hasta que no haya un nuevo Gobierno no se activará el protocolo. Un portavoz de Hacienda explica, por su parte, que sí se comenzó a analizar la evolución de los desembolsos públicos en medicamentos.
El protocolo tiene una vigencia de un año, hasta finales de 2016. Las compañías del sector no esperan planes concretos hasta la incorporación a la comisión de las comunidades y hasta que se despeje la situación de la formación de un nuevo Gobierno, que podría tomar otro tipo de decisiones según el color político. De hecho, la siguiente reunión trimestral está prevista para julio, tras haberse despejado la formación de un Ejecutivo o después de que se celebren nuevas elecciones.
El protocolo establece dos tipos de medidas para racionalizar el gasto, vinculadas al crecimiento de la economía. En el primer caso, si el gasto correspondiente al segmento de medicamentos originales (no genéricos) superase los niveles de la denominada “tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo”, actualmente en un 1,8%, se establecerán medidas compensatorias y correctoras en favor de la sanidad pública. Actualmente se desconoce a qué ritmo crece el gasto de este tipo de fármacos.
Estas decisiones no suponen una transferencia monetaria, si no de programas de seguimiento de pacientes polimedicados, mejora de la variabilidad en la prescripción o programas de adherencia al tratamiento, que ayuden a racionalizar el uso del medicamento.
Sin embargo, en el segundo caso, si el gasto superase la tasa de crecimiento del PIB real, actualmente en el 3,2%, la comisión de seguimiento sí deberá decidir compensaciones monetarias por valor de ese exceso. Para ello, este órgano tendrá que establecer los criterios y establecer transferencias que serán distribuidas a las autonomías.
Además, el departamento de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, ha establecido que las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) deben unirse a este protocolo obligatoriamente para seguir recibiendo esta financiación. Sin embargo, en la primera cita de la comisión, no se han sumado.
Son precisamente las Administraciones, tanto central como autonómicas, las más interesadas en controlar el gasto, actualmente con crecimientos de más del 25% en hospitales debido a los nuevos tratamientos de la hepatitis C. Hacienda asegura que aunque el Ejecutivo esté en funciones, si lo considera necesario convocará de forma extraordinaria a la comisión y se tomarán medidas.
Farmaindustria, presidida por Antoni Esteve y que agrupa a más de 180 empresas, se aferra a este acuerdo como marco de estabilidad que permita inversiones a medio plazo y que eviten recortes unilaterales por parte del Ejecutivo. Desde 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el primer ajuste para este sector, la patronal ha venido exigiendo que las decisiones en el Sistema Nacional de Salud no se centraran solo en el control del gasto en medicamento.
Según los indicadores de gasto farmacéutico y sanitario correspondiente al año 2015, publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el desembolso total de las Administraciones públicas en productos farmacéuticos y sanitarios ascendió a 20.800 millones de euros, de los que 20.300 millones correspondieron a las comunidades autónomas. Este volumen supone un incremento del 9,2% respecto al año 2014.
El crecimiento viene fundamentalmente provocado por las nuevas terapias frente a la hepatitis C, de empresas como Gilead, Janssen o Abbvie, con un alto coste y utilizadas para una bolsa de enfermos que hasta ahora no contaban con un tratamiento frente a esta patología.
De hecho, el gasto hospitalario se disparó hasta los 6.668 millones, con tasas de crecimiento interanuales por encima del 25% en los hospitales. Si se descuenta el gasto en estos nuevos fármacos frente a la hepatitis C, el gasto se mantuvo en 5.419 millones. Más de 1.200 millones que los servicios regionales de salud tienen que computarse como gasto.
Ante estas cifras es probable que la comisión entre Farmaindustria y el futuro Gobierno tenga que estudiar medidas para controlar el gasto en los próximos meses, aunque se desconoce cuáles pueden ser.
Con los datos de Hacienda y descontando el efecto de los fármacos contra la hepatitis C, el crecimiento del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios habría sido del 3,3% en el total de las Administraciones públicas el pasado año. En el caso del gasto público de fármacos con receta, la cifra subió un 2,23% en el último año, hasta febrero de 2015, alcanzando los 9.370 millones.