FUENTE: LA RAZÓN
La comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sólo podrán elevar el gasto sanitario y farmacéutico a una tasa anual del 1,8%, según recuerda la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019. La regiones que incumplan esta regla de gasto –vinculada al control del déficit público autonómico– «no podrán aprobar cartera de servicios complementaria ni prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del sistema», detalla el documento del Gobierno en funciones.
Esta cláusula –que incluía con carácter general la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 pero que realmente nunca se aplicó– impedirá a las regiones que incumplan la regla de gasto financiar servicios como la salud bucodental para menores, operaciones de cambio de sexo como la de la Junta de Andalucía o algunas terapias respiratorias y las prestaciones ortoprotéticas de la Generalitat de Cataluña, entre otros.
Estos servicios complementarios, que también incluyen tratamientos como la radioterapia en centros concertados, tienen un marcado carácter electoral, explican fuentes del sector. Además, critican que existe un problema de desigualdad entre los servicios sanitarios de las comunidades que está «resquebrajando» el Sistema Nacional de Salud con 17 modelos distintos en el que «cada una quita o pone servicios» de forma autónoma.
Además, las mismas fuentes argumentan que las comunidades, «acostumbradas a vivir permanentemente en déficit», desembolsaron en el pasado cantidades relevantes de dinero público en ofrecer servicios complementarios a los ciudadanos. «Se ha hecho mucho la vista gorda con el asunto», explican.
El Gobierno en funciones detalla en el Programa de Estabilidad que el gasto farmacéutico hospitalario en 2015 «registra un incremento del 26% respecto al año anterior», fundamentalmente por el «impacto extraordinario» que supusieron los «medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C crónica». El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró en 1.094 millones de euros (alrededor de un 0,1% del PIB) el coste de esta medida. Sin ella, los desembolsos «hubieran crecido un 4,5%», explica el Ejecutivo.
El gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por receta médica, según explica el nuevo Programa de Estabilidad, «aumentó un 1,4%» el año pasado, mientras que la categoría «sin receta médica» lo hizo en un 7,2% en el mismo periodo. Los desembolsos totales en productos farmacéuticos y sanitarios alcanzaron los 20.365,95 millones de euros el año pasado, con un alza interanual del 9,5%.
Además de restringir la aprobación de carteras de servicios complementarios, el incumplimiento de la regla de gasto (alza limitada al 1,8% anual) también impondrá restricciones en el «acceso a los recursos económicos que en materia sanitaria se realice por parte de la Administración General del Estado (AGE)».
En concreto, según establece el artículo 20.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), «la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con comunidades autónomas incumplidoras precisará, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas». Será el Gobierno central, por tanto, el que decidirá si la región puede o no acceder a estos fondos adicionales.
Para las regiones que sí cumplan con la regla de gasto, el Programa de Estabilidad revela que «se prevén asimismo una serie de consecuencias favorables, como compensaciones por parte de la industria en el caso de superarse las tasas previstas» (por debajo del 1,8%, por tanto), aunque no ofrece más detalles.
Todas estas medidas complementan el «protocolo de colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria del 4 de noviembre de 2015» y la comisión de seguimiento del gasto sanitario, «constituida el pasado 6 de abril», recuerda el documento.
Las medidas tomadas en los últimos dos ejercicios, «así como las que se puedan derivar en relación con los medicamentos genéricos, productos sanitarios u otros gastos sanitarios» se estima que «pueden determinar ahorros anuales en torno a 1.000 millones de euros», argumenta el Ejecutivo en funciones.
La Comisión Europea (CE) publicará hoy sus previsiones macroeconómicas para España y el resto de los países de la UE, en las que revelará si ve factible la nueva senda fiscal presentada por el Gobierno en funciones y las proyecciones de crecimiento de Madrid hasta 2017. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, presentará las previsiones de primavera de la CE. En sus previsiones de febrero, calculó que el PIB de la eurozona avanzará este año el 1,7% y el 1,9% en 2017, en tanto que el de la UE crecerá el 1,9% este año y el 2% el próximo. Para España, elevó una décima su previsión de crecimiento tanto para este año como para el próximo, hasta el 2,8 %y 2,5% respectivamente, y empeoró sus estimaciones sobre el déficit hasta el 3,6% y el 2,6%.