EG ha hecho un sondeo por los Consejos y COFs de diferentes comunidades autónomas para conocer las razones para su implementación y la situación actual en la que se encuentran

Fuente: El Global

Toda la profesión está de acuerdo: la remuneración de los Servicios Profesionales Farmacéuticos ha de ser una realidad lo antes posible en España. Solo así se podrá garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de la atención sanitaria del sistema en su conjunto. Esta necesidad, que se ha convertido en una de las demandas más sonadas de la profesión farmacéutica, se ha vuelto más evidente si cabe en los últimos años, especialmente ante el aumento de patologías crónicas y el envejecimiento de la población.

Motivo de ello, EG se ha puesto en contacto con diferentes Consejos y Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) distribuídos por todo el territorio nacional con el objetivo de recabar opiniones y conocer la situación actual de cada una de las distintas autonomías en esta cuestión. De hecho, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), enfatiza que los SPFA han demostrado, en muchos casos con evidencia científica, que aportan eficacia a los pacientes, en términos de salud, y eficiencia a los sistemas sanitarios.

Jesús Aguilar, presidente del CGCOF.

Por ello, Aguilar subraya que “es necesario avanzar en la concertación autonómica de servicios remunerados de atención farmacéutica, como los de mejora de la adherencia, conciliación de la medicación al alta hospitalaria, sistemas personalizados de dosificación o seguimiento farmacoterapéutico, entre otros”. De esta manera, añade, “potenciando a la farmacia comunitaria, potenciaremos al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su sostenibilidad”.

 

Comunidad Valenciana

Desde hace años el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) apuesta por la implantación de los SPFA. De hecho, en 2017 puso en marcha Atenfarma, un programa informático diseñado por farmacéuticos e informáticos del Colegio con el objetivo de gestionar e implantar los SPFA y que ya cuenta con seis servicios. En este sentido, cabe destacar que desde 2020 se han formado más de 600 farmacéuticos y un total de 190 farmacias han obtenido la certificación en uno o más de estos servicios profesionales. Además, también se ofrece otro servicio no incluido en Atenfarma: el programa para el tratamiento observado directamente (TOD) de la tuberculosis, en vigor desde 2002.

Álvaro Peláez, vocal de SPFA del MICOF.

Sin embargo, el vocal de SPFA del MICOF, Álvaro Peláez, señala que no hay que olvidar que en la actualidad al farmacéutico comunitario se le retribuye “por un acto comercial”, que es el de vender medicamentos y no por un “acto profesional realizado por profesionales sanitarios”. “Estamos para resolver dudas sobre medicamentos o de salud en general, pero podemos hacer mucho más en lo que respecta a labor asistencial: atender al paciente, hacer cribados de posibles enfermedades y, en definitiva, ayudar a descongestionar el SNS en beneficio de los pacientes”, explica Peláez. “Necesitamos que la Administración sea consciente del potencial que tiene el farmacéutico comunitario”, añade. En la actualidad, el único SPFA remunerado actualmente por parte la Conselleria es el programa para el tratamiento observado directamente (TOD) de la tuberculosis. “Esperamos que esta situación cambie en breve en la Comunidad Valenciana”, concluye el vocal del MICOF.

Castilla – La Mancha

Desde el Consejo regional de farmacéuticos de Castilla la Mancha (COFCAM), consideran “fundamental” remunerar los SPFA, “para reconocer el valor profesional del farmacéutico al realizarlos”. Por un lado, indican que “se compensa la experiencia y el trabajo especializado, aumentando el estatus profesional del farmacéutico y reconociendo su contribución a la salud pública”. Por otro lado, señalan que “la remuneración motiva a los farmacéuticos a proporcionar servicios de alta calidad a los pacientes, a la vez que les obliga a mantenerse actualizados con las mejores prácticas y a introducir la innovación en cada momento”.

COFCAM.

Siguiendo esta línea, también insisten que no hay que olvidar que estos servicios están orientados a detectar y prevenir problemas de salud antes de que se conviertan en problemas serios. De esta forma, “se ahorra al sistema muchísimo más de lo que supone la propia remuneración al farmacéutico”. Además, sacan a colación que generan un “rédito mutuo”. “Remunerar los SPFA no solo beneficia a los farmacéuticos, sino que también fortalece todo el sistema sanitario, para nosotros es una inversión en la salud colectiva”, garantizan desde el COFCAM.

Cataluña

Para Jordi Casas, presidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), los farmacéuticos, como parte del sistema sanitario, comparten con los pacientes, con otros profesionales de la salud y con las autoridades sanitarias, el objetivo de mejorar el uso y los resultados de los tratamientos con el fin de impactar positivamente en la calidad de vida. Además, sostiene que emprenden acciones de promoción de la salud o prevención de la enfermedad.

Para ello, prosigue, la farmacia comunitaria lleva años prestando SPFA, que van desde la dispensación de medicamentos y productos sanitarios hasta la adherencia trapéutica, los cribados y medida de parámetros clínicos o el seguimiento Farmacoterapéutico, entre otros. “En Catalunya llevamos años colaborando entre el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya y el Sistema de Salut de Catalunya para implementar la atención farmacéutica comunitaria en el sistema público de salud”, corrobora. Fruto de esta colaboración, recalca que se han puesto en marcha, entre otras iniciativas, el programa de mantenimiento con metadona, cribados como el de cáncer de colon o el de cérvix, la red de farmacias centinela, el programa de detección precoz de VIH o, más recientemente, la actuación farmacéutica para incrementar la tasa de vacunación de gripe y COVID en población igual o mayor de 60 años.

Jordi Casas, presidente del COFB.

No obstante, Casas incide en que, en el momento de poner en marcha nuevos servicios asistenciales, “hacemos un análisis del impacto de cada proyecto, ya que es imprescindible garantizar que estos sean sostenibles en el tiempo y viables económicamente para las partes implicadas, distribución, farmacia u otros agentes”.

Galicia

La presidenta del COF de A Coruña, Sara Cebrián, indica que lo “lógico” es que, como actuación profesional, se cobre por ello porque llevan tiempo. Así, señala el caso de los medicamentos hospitalarios y la importancia de que el profesional se forme, sobre todo en los más modernos, para poder realizar la dispensación correctamente y darle las pautas necesarias al paciente. “Eso simplemente es una entrega informada, no se cobra ningún margen y lo lógico es que se hiciera”, sostiene. Además, indica que sucede lo mismo con la dispensación colaborativa con medicamentos extranjeros. “Está muy bien colaborar, igual se puede empezar un proyecto piloto sin que sea imprescindible el cobro, pero creo que su remuneración es lo más justo”, asevera.

Sara Cebrián, presidenta del COF de A Coruña.

Cebrián menciona que a ellos el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) por cada blíster ligado al Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) les pagan siete euros, lo que equivale a 28 euros al mes. “Esto casi no es coste porque se tarda tiempo”, indica. “El trabajo de cada persona se debe valorar y, por supuesto, pagar como corresponde”, subraya. Asimismo, señala que las personas que por captar clientes o pacientes no les cobran están haciendo un flaco favor al resto de la profesión. “Los servicios asistenciales deberían implementarilos todo el mundo”, alega. “Deberíamos jugar todos en la misma liga”, añade.

En A Coruña están pedientees de la remuneración de los servicios ligados a la dispensación colaborativa de medicamentos extranjeros y hospitalarios y están desarrollando el artículo 7.1 y el 7.2 de la Ley de Ordenación relativo a la dispensación domiciliaria y a su remuneración. “Aquí todavía no le hemos puesto el cascabel al gato, no hemos puesto el precio de este servicio asistencial”, afirma.

Islas Baleares

El presidente del COF de Islas Bareales (COFIB), Antoni Real, indica que para concretar el tipo de retribución es crucial medir su utilidad y el ahorro que generan tanto para los pacientes como para la Administración sanitaria. “Esto permitiría vincular los costos de los servicios con los beneficios económicos y clínicos derivados de su implementación”, señala. “Al recibir una atención farmacéutica personalizada y constante, el paciente reduce la probabilidad de sufrir complicaciones que requieran intervenciones más costosas, como urgencias, hospitalizaciones y procedimientos médicos, además de contribuir a descongestionar los centros de Atención Primaria”, añade.

Antoni Real, presidente COFIB.

Asimismo, Real recalca que la mejora en la adherencia terapéutica y el control de enfermedades crónicas pueden reducir la “prescripción en cascada” y, por tanto, el gasto en medicamentos adicionales, además de visitas médicas recurrentes. Finalmente, los propios farmacéuticos verían más reconocida su labor profesional, incentivándoles a seguir desarrollando sus competencias profesionales, además de incorporar nuevas capacitaciones y a integrarse de forma más activa en equipos multidisciplinarios de atención sanitaria.

En el caso de las Islas Baleares, el presidente del COFIB menciona que los programas que desarrollan las farmacias en colaboración con la Administración sanitaria que se están remunerando en la actualidad son el de prueba rápida de VIH (la farmacia recibe 10 euros por test realizado -el paciente paga 5 euros-) y el de dispensación de metadona (2,45 euros por dosis diaria). Además, explica que otro servicio que se ofrece, aunque no es remunerado, es el de cribaje de cáncer de colon. “Los tres servicios han demostrado sobradamente los beneficios que aportan a todos los agentes implicados”, asevera.

Aragón

Por su parte, Raquel García Fuentes, presidenta del COF de Zaragoza, insiste en que los servicios profesionales farmacéuticos no solo benefician al paciente y mejoran su calidad de vida, sino que son una fuente de ahorro para el sistema sanitario al reducir costes, hospitalizaciones y la morbimortalidad de los pacientes. De hecho, hace especial hincapié en que son, además, “una tabla de salvación para la farmacia rural, una garantía de futuro para su sostenibilidad”. Al respecto, García saca a colación que, el pasado mes de mayo, las Cortes de Aragón aprobaron una nueva proposición no de ley para ampliar los servicios de la farmacia rurales. “La iniciativa propone al Gobierno aragonés que establezca un convenio con el COF para ampliar los servicios que prestan las farmacias rurales, facilitando así su viabilidad económica”, indica.

Raquel García Fuentes, presidenta del COF de Zaragoza.

Profundizando en el caso de Aragón, cuenta con la concertación de dos servicios profesionales. Por un lado, el Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM) y, por otro, el programa de la Comarca de los Monegros para financiar los SPD en las farmacias de la zona. Ambos, están actualmente siendo remunerados. “Al remunerar estos servicios, se reconoce el valor de ese tiempo, el esfuerzo invertido en la atención personalizada y el impacto positivo que puede tener en el paciente y en el sistema sanitario en su conjunto”, alega. Además, la presidenta del COF de Zaragoza recalca que, si se incentiva adecuadamente estos servicios profesionales, “se puede reducir la presión sobre otros niveles del sistema de salud, contribuyendo a la optimización de los recursos sanitarios”.

 

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