FUENTE: La Vanguardia

El país que fue abanderado de la lucha contra el tabaco, España, al prohibir fumar en todos los establecimientos cerrados, parece haber abandonado la batalla. Al menos en la última legislatura. Hace dos años que Europa pidió a los países miembros que incorporasen en sus legislaciones la normativa aprobada por Bruselas relativa, entre otros puntos, a la obligatoriedad de ampliar hasta un 65% del paquete el espacio que actualmente se dedica a las advertencias sanitarias sobre los perjuicios de fumar. España no lo ha hecho, algo que sólo se puede interpretar como dejadez y falta de voluntad, a tenor de los médicos. Pero, aun así, a partir de mañana, 20 de mayo, las actuales cajetillas de tabaco convivirán con las nuevas al entender la industria que la orden de Bruselas ya no tiene vuelta atrás una vez ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El caso es que España sí redactó un texto el verano pasado y lo expuso a las partes implicadas, pero ha quedado inexplicablemente en un cajón del ministerio que entonces dirigía plenamente Alfonso Alonso (el 77% son impuestos).

Y eso que el borrador se ajustaba casi literalmente a la norma europea, sin intentar siquiera ir un poco más allá. “No lo han apro-bado porque no han querido, porque legislar sobre tabaco siempre es un tema conflictivo y el ahora Gobierno en funciones ha decidido no abordarlo. Esa es la realidad”, indica la presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Regina Dalmau.

Este comité –integrado por 32 sociedades científicas de los ámbitos de la medicina, enfermería, psicología, odontología y farmacia– entiende que esta directiva, “sin ser totalmente perfecta, representa un paso decisivo en la buena dirección”, principalmente porque recoge medidas clave de protección y prevención en la juventud. De hecho, la normativa europea prohíbe los cigarrillos y el tabaco de liar con aromas característicos y a emplear elementos promocionales o engañosos sobre los productos del tabaco. También obliga a la industria tabacalera a informar a los estados sobre los ingredientes utilizados en sus productos y a notificar, con una antelación de seis meses, los nuevos productos antes de introducirlos en el mercado de la UE. Además, el paquete deberá disponer de un sistema de seguridad de apertura para niños.

Pero el conflicto surge con la obligatoriedad de incluir advertencias sanitarias sobre los riesgos de fumar que deberán ocupar el 65% de la superficie de la cajetilla y que, además de la imagen, incorporan una página web de ayuda a la deshabituación. Los expertos sanitarios solicitaban que la normativa española fuera más allá y que aplicara el envasado neutro, o, lo que es lo mismo, que no se viera la marca de tabaco. Países como el Reino Unido, Irlanda, Francia, Hungría y Bélgica han puesto en marcha el envasado neutro o genérico de los paquetes de cigarrillos.

La Mesa del Tabaco, por su parte, arremete contra la decisión de Bruselas por “reducir al mínimo el espacio para las enseñas, lo que en la práctica supone limitar de manera brutal el espacio de las marcas”, señala el portavoz de esta entidad, Juan Páramo. Esto se traducirá en que “nuestros consumidores verán reducida su capacidad de elección de sus marcas por la dificultad de diferenciarlas”, apunta. Páramo insiste en que si la marca se minimiza el precio se convertirá en el úni-
co elemento de decisión de compra del consumidor, que probablemente se decante por las marcas más baratas. “Si ello ocurre, habrá una pérdida de valor en cada eslabón del sector, del que viven 61.000 personas en España”, indica Páramo. Desde el CNPT se recuerda, por su parte, que cada año mueren en España a consecuencia del tabaco unas 60.000 personas.