FUENTE: El Mundo

El convenio que el pasado 11 de diciembre se había pactado acaba de romperse. Los responsables de los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han rechazado la propuesta de la Conselleria de Sanidad sobre el sistema de pagos que debe afrontar la Administración autonómica por los medicamentos que consume cada mes.

Los boticarios «ni si quiera vamos a llevar la propuesta a nuestra asamblea para ser debatida», según explicó ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, «porque va contra la legislación vigente».

El responsable de las oficinas de farmacia argumentó ayer que en marzo recibieron la notificación de que la Abogacía ponía reparos al convenio que había pactado en diciembre y «ahora nos muestran un documento en el que no podemos aceptar porque la situación financiera nos separa».

Las farmacias han mantenido una posición clara en torno a que la fecha se adecue a la normativa de morosidad estatal, fijando un pago a 30 días y con el reconocimiento de la reclamación de intereses en caso de retraso. Se trata de una posición con la que se quiere dar garantías a las farmacias ante situaciones de retraso en los pagos que se sufren los boticarios en la actualidad, con cobros de 75 días, amén de que no cuentan con un calendario de pago de la Administración para recuperar los atrasos.

Ante estos retrasos, Giner recordó que los farmacéuticos están «financiando los medicamentos 45 días, porque adelantamos de nuestro dinero la compra de fármacos». Sin embargo, continuó el presidente de los farmacéuticos, a la Administración «sólo le preocupa reducir los intereses de demora por si paga con retraso. Es decir, quieren reducir la penalización de pagar tarde porque parece que ya han asumido que no van a pagar en tiempo y forma».

Reducción del tipo de interés

El documento que propone el Consell contiene una reducción del tipo de interés en caso de retraso del abono de la factura farmacéutica, que ha sido rechazado totalmente por los servicios jurídicos de los tres colegios, por no adecuarse al que establece la Ley de Morosidad.

El tipo de interés sería mucho menor y ventajoso para la Administración y afectaría a los cobros de las oficinas. Por ello, Giner recordó que los servicios jurídicos de los farmacéuticos consideran que la propuesta carece de legalidad, porque la ley ampara a los proveedores de la Administración, a quienes no se les puede imponer una bajada de intereses. El responsable de las farmacias también recordó que si su colectivo «había rechazado una propuesta similar que fue presentada por el ex conseller del PP Manuel Llombart es lógico que vuelva a negarse a firmarla ahora».

Actualmente los intereses de demora acumulados en las distintas reclamaciones -pertenecientes a los años 2008-2014- en la provincia de Valencia pueden superar los 50 millones. En estos momentos, hay dos sentencias firmes, que son parte de los pleitos que ya rebasan los 15 millones de euros, porque hay muchos farmacéuticos de la Comunidad Valenciana que todavía no han denunciado.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, destacó que las sentencias «reafirman el deber de la Administración por cumplir la Ley de Morosidad, porque pagar a tiempo la factura farmacéutica se traduce en un ahorro para la Generalitat Valenciana».

Esta ruptura en la negociación ha desmontado los planes del colectivo que había puesto todas las esperanzas después de que Sanidad iniciara el cambio de un decreto para pagar a las farmacias en 30 días. En concreto, en noviembre se inició el trámite parlamentario para la modificación del Decreto Ley 2/2013 que regula la prestación farmacéutica. La modificación legal se hizo con una enmienda de adición promovida por el grupo parlamentario socialista y que contaría inicialmente con el voto favorable de Compromís y Podemos dentro del marco del proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos para el próximo año.

El abono a 30 días ha sido una de las reivindicaciones de los tres colegios de farmacéuticos valencianos. De hecho, el presidente del Colegio de Farmacéuticos consideró que no entendía por qué en el resto de regiones sí se pagaba al mes y «en la Comunidad Valenciana se tardaba como mínimo dos meses». Este retraso supone que el sector debe soportar una carga superior de 100 millones de euros -más de 50 millones al mes-.