FUENTE: La Vanguardia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hizo pública ayer un resolución con la que multa con 128,8 millones de euros a siete fabricantes de pañales para adultos y a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la patronal del sector, por constituirse en un cártel que pactó precios abusivos de estos artículos sanitarios vendidos en las farmacias.

Asimismo, y por primera vez desde que se creó la CNMC, se multa a cuatro directivos: dos de las empresas supuestamente defraudadoras y otros dos, de Fenin. Este pacto ilegal funcionó al menos desde 1996 y duró hasta junio del 2010. La investigación ha sido posible porque una de las empresas integrantes del cártel –Arbora & Ausonia– lo denunció el 26 de junio de 2013. Gracias a ello, se evitará la multa, que es la más alta de todas: 68,5 millones de euros. Le siguen SCA Hygiene Productos (35,1 millones) y Labortorios Indas (13,2 millones).

Fenin ya hizo público ayer un comunicado en el que advierte de que recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción impuesta. Isabel Dávila, portavoz de la federación, declaró a La Vanguardia que este organismo “no ha formado parte nunca de ningún cártel”. También precisó que no tienen “ni capacidad ni voluntad de influir en la fabricación ni en la distribución de los absorbentes de orina” y que su participación en esta cuestión partió a iniciativa del ministerio de Sanidad, en 1997, para firmar convenios “con todos agentes de la cadena farmacéutica” para llegar a acuerdos en las compras de los absorbentes.

Según el expediente de la CNMC, el supuesto fraude se habría realizado por partida doble: a la Seguridad Social –tanto la gestionada desde el Gobierno central, como la de las comunidades autónomas– y a las personas afectadas de incontinencia urinaria grave, que deben pagar una parte de la factura, y que necesitan este artículo de por vida.

Para entender un poco las dimensiones del negocio, la resolución de la CNMC recuerda que en el 2013 la compra de pañales por el Servicio Nacional de Salud costó, “a valor de mercado”, 264 millones de euros. Según la Conselleria de Salut de la Generalitat, el año pasado la factura de este producto fue de 72 millones. En España necesitan del uso diario de pañales unos 2,5 millones de adultos y, según el informe sancionador, las empresas infractoras copan el 95% del mercado.

Los acuerdos se lograron a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (Gtaio), creado por Fenin, “para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias”. El acuerdo fijaba un trato de favor hacia la Seguridad Social, que centralizaba las compras, y por ello le rebajaba un 11% el precio los pañales. Pero, previamente, las empresas sancionadas pactaban un sobreprecio del 40% de los absorbentes. En todo este manejo estaban implicados, además de los fabricantes –que se llevaban el 50% de las ganancias–, los distribuidores –que recibían el 6%– y las farmacias –que obtenían el 25%–. Estos dos últimos no han podido ser sancionados porque la investigación no ha podido aportar pruebas, a pesar de que se obtuvieron en las investigaciones “resúmenes, anotaciones, correos electrónicos o fa-xes entre las entidades incoadas”.

Las empresas sancionadas son Arbora & Ausonia SLU, y su sucesora, Procter&Gamble España, con una multa de 68,5 millones. Esta empresa, sin embargo, quedará exenta del pago por ser la que dio el chivatazo y acogerse al llamado Programa de Clemencia, creado el 3 de julio del 2007, por Defensa de la Competencia. Esta “clemencia” se aplica a las empresas que “aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC la detección del cártel, siempre que no hayan sido las instigadoras del mismo y pongan fin a su participación en la conducta prohibida”.

Las otras empresas multadas ha sido Ontex Peninsular y Ontex ID, con 5,1; Laboratorios Hartmann, con 4; Barna Import Medica, con 1,4; Textil Planas Oliveras, con 801.738 euros, y Algodones del Bages, con 251.456 euros. Fenin recibe una multa de 200.000 euros. Los directivos afectados son Jordi Bozal de Febrer (Arbora&Ausonia), multado con 15.000 euros; Javier Martín Ocaña (Indas), con 4.000 euros y dos de Fenin: Margarita Alfonsel Jaén (6.000 euros) y María Aláez Usón (4.000).