FUENTE: La Vanguardia
La futura ley andaluza para la promoción de la vida activa y la alimentación equilibrada, cuya aprobación se calcula que tendrá lugar en febrero del próximo año, establece por primera vez en España la obligatoriedad de que bares y restaurantes ofrezcan recipientes “con agua fresca y vasos” de manera gratuita. En caso de que no lo haga, el establecimiento se expondrá a sanciones económicas. Ese acceso al agua potable será obligatorio también en centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil.
El objetivo es que la población incremente su consumo de agua, de la que sale del grifo, y descienda drásticamente el de bebidas hipercalóricas que tanta influencia tienen en la obesidad, un problema que afecta ya al 18,7% de la población andaluza y, lo que es más impactante, al 22,5% de los menores. “Andalucía es la primera comunidad que otorga el máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad como problema prioritario de salud pública”, asegura Aquilino Alonso, consejero de Salud y promotor del proyecto.
Sin embargo, y a pesar de que aparentemente se trata de una medida que no genera mucha controversia, el presidente de los hosteleros andaluces, Antonio de María Ceballos, revela que la medida de “ofrecer agua gratis como una obligación ha levantado gran alarma en el sector”. De María recuerda que ellos nunca han negado un vaso de agua gratis a nadie, “porque damos de comer al hambriento y de beber al sediento”, pero está en contra de la imposición “porque esa medida implicará unos gastos, una inversión para tener el agua fresca, una dedicación personal del profesional y todo en hostelería es cuantificable económicamente”.
Por todo ello, De María asegura que la Federación Andaluza de Hoteleros se va a oponer en redondo “a que se nos haga cargar con la responsabilidad de la prestación de un servicio que no está en nuestras normas. Humanamente, siempre vamos a colaborar, pero no con imposiciones de este calibre, que no creo que sean legales ni coherentes”.
Sin llegar al extremismo del presidente de la patronal andaluza, Antonio Ramírez, dueño del tabanco El Pasaje, el más antiguo de Jerez de la Frontera, considera “una tontería” la norma porque “si aquí llega una persona mayor o un niño y pide un vaso de agua, ¿le vas a decir que no? Lo mismo que dejamos abierto el wifi. Es cuestión de hospitalidad”. Para Ramírez sería mejor que los políticos invirtieran su tiempo en “medidas que realmente sean positivas para la población”.
Aunque se trate de la norma quizá más llamativa, el proyecto andaluz establece también la exigencia de ofrecer diferentes tamaños de raciones en los establecimiento de restauración, de tal modo que el ciudadano pueda escoger la cantidad de alimento que desea ingerir. En opinión de un portavoz de la Consejería de Salud, “se trata de una opción decisiva ya que en ocasiones el cliente se siente obligado a consumir todo lo que se le pone en el plato, aunque sea una barbaridad, para justificar el precio que se abona”.
En los centros educativos se prohibirá la venta de bebidas o alimentos procesados que superen las 200 kilocalorías, que tengan cafeína o un alto porcentaje de grasas saturadas, sal o azúcares; se impulsará la realización de al menos cinco horas semanales de actividad física y se promocionará la distribución de fruta y verdura entre los alumnos.
La nueva norma faculta al Consejo Audiovisual de Andalucía para velar por que la publicidad no fomente el consumo excesivo de productos con una alta tasa de calorías, ni use “argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores”.
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