FUENTE: El País

El miércoles pasado, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ante una pregunta parlamentaria, dio el dato positivo de que la Comunidad Valenciana se había incorporado al grupo de las autonomías que habían interconectado sus sistemas de receta electrónica. O, visto desde el punto de vista del usuario, que un ciudadano de Valencia podría recoger los fármacos que tiene prescrito fuera de su región sin problema. Pero eso solo es cierto si esa persona viaja a Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias y Extremadura. Para el resto de ubicaciones, los lindes de autonómicos son auténticas barreras que impiden una atención fluida, y que pueden dificultar el seguimiento de tratamientos, por ejemplo de enfermos crónicos que pasan temporadas fuera de su residencia habitual.

Eso quiere decir que aproximadamente solo uno de cada cinco habitantes de España (más exactamente, el 21%) tiene la posibilidad de usar sus recetas fuera de su comunidad (9,8 de los 46,5 millones de población que da el INE), aunque la cifra podrá aumentar pronto, porque Galicia y Aragón están ya cerca de unirse, dijo Montserrat. La interoperabilidad es el principal problema, porque según los datos que dio la ministra el 87% de la población tiene ya disponible el sistema de receta electrónica dentro de su comunidad.

La otra gran pata de la comunicación entre comunidades, la historia clínica electrónica, está más retrasada. Cubre ya al 77% de las personas con tarjeta sanitaria, afirmó la ministra, pero, de nuevo, solo dentro de su comunidad. Y, en muchos casos, con implantaciones parciales. Por ejemplo, en Madrid, el área que está referenciada al hospital Jiménez Díaz, del grupo IDC Salud, tiene una historia clínica que no se comunica con la de otros hospitales públicos.

La interconexión va con mucho retraso. En 2009 el Gobierno aprobó una iniciativa para impulsarla que decía estar operativa en dos años, pero todavía no se ha conseguido. Tampoco es una realidad esa comunicación entre países de la Unión Europea, que se propuso en 2008.

La llamada e-Salud o clbersalud lleva años en boca de todos los gestores sanitarios, pero el fin de las transferencias sanitarias hace 15 años (el Insalud desapareció en enero de 2002) dejó unas cicatrices territoriales que aún perduran. Como ejemplificó la ministra de Sanidad de entonces, Ana Pastor, en una reunión con periodistas para explicarles el proceso, lo primero que hicieron las comunidades que recibieron el encargo de gestionar la sanidad, aparte de pedir dinero, fue crear sus propias tarjetas con sus escudos, sus banderas y su propio sistema informático detrás.

Montserrat circunscribió la total compatibilidad e interconexión de los sistemas en un futuro pacto de Estado por la Sanidad, que han pretendido todos los Ejecutivos desde 2002, y que ni el ministerio ni el Congreso han conseguido sacar adelante hasta ahora.