El COF de Valencia envía un escrito a la Consejería tras la operación policial iniciada por la UDEF y que afecta a dos empresas adjudicatarias del programa

FUENTE: Correo Farmacéutico

La semana pasada la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) puso en marcha una operación policial que afecta a dos empresas adjudicatarias del Programa AKasaconsistente en llevar pañales y dietoterápicos a domicilio en cuatro municipios valencianos (Moncada, Burjassot, Godella y Masarochos). El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia es el encargado de realizar las diligencias penales.

La operación se ha puesto en marcha a raíz de la denuncia realizada en 2014 por Marina Albiol, por entonces diputada de Esquerra Unida en la Comunidad Valenciana, como ya recogió la semana pasada correofarmaceutico.com. Ésta denunció a la Fiscalía Anticorrupción que las empresas de Miguel Sanfélix, administrador único de Kanbanlog y Connectal Systems, habían "recibido cierto volumen de adjudicaciones públicas por parte, fundamentalmente, de la Consejería de Sanidad, del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y, en menor medida, de la Diputación de Valencia".

SECRETO DE SUMARIO
Sanfélix no ha querido hacer comentarios a CF, preguntado por el proceso abierto, y tan sólo se ha limitado a señalar que "está todo bajo secreto de sumario". Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Así, Jaime Giner, presidente del COF de Valencia, envió la semana pasada un escrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana solicitando que se "proceda a dejar sin efecto este programa a la mayor brevedad posible". En declaraciones a CF, añade que, "desde que se puso en marcha, hemos sospechado muchas cosas, pero no se nos ha dado información prácticamente de nada. No sabíamos ni de qué empresas se trataba. No teníamos datos ni estudios económicos,al margen de uno que nos entregó la Consejería muy poco creíble. Por ello, pedimos una investigación y una paralización de este programa".

La Consejería, por su parte, no ofrece mucho más detalles, y explica a CF que "aún no se ha tomado ninguna decisión en firme y se está evaluando todo, ya que la investigación es muy reciente".

El escrito del COF de Valencia no es el único que ha llegado a la Consejería. Ni el primero.
Así, a comienzos de la semana pasada, José Romualdo García Pla, abogado de las más de 20 farmacias valencianas afectadas por el Programa AKasa, envió un escrito de alegaciones complementarias pidiendo su suspensión "a tenor de las sospechas de adjudicación irregular de contratos que se ventilan en el Juzgado de Instrucción 6". Por ello, pide que "se deje sin efecto y en suspensión el programa y el contrato al menos hasta que exista sentencia penal sobre el fondo del asunto".

LAS EMPRESAS
El escrito enviado por García Pla hace alusión a otros enviados por él con anterioridad, el 29 de diciembre de 2016, donde ya solicitaba la revocación y suspensión de dicho programa. Como se dice en la nota, por entonces ya tenían "fundadas sospechas de que quizás no se hubieran respetado todas las prescripciones legales en el proceso de adjudicación del contrato a favor de la UTE AKasa, formado por las empresas Kanbanlog, Connectall Systems (ambas bajo investigación) y Gestinmédica".

La veintena de oficinas de farmacia de los municipios de Moncada, Burjassot, Godella y Masarrochos afectadas por el Programa AKasa dieron sus primeros pasos para iniciar una vía judicial el pasado mes de diciembre, contratando como abogado a García Pla, que ya alegó que "el programa atenta contra las leyes que establecen que esto sólo se puede hacer en los establecimientos sanitarios: las farmacias, los botiquines y los centros sanitarios de atención primaria y hospitalarios. Y, además, sólo se puede hacer con la presencia y actuación de un farmacéutico".

La operación policial puesta en marcha, como reza el escrito de García Pla, se enmarca en la Operación Osvaldos, dirigida contra una presunta trama de adjudicaciones sanitarias de contratos millonarios a favor de empresas privadas, a quienes se les acusa de organización criminal, cochecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, como ha publicado prensa local.

Proyecto piloto
El Programa AKasa comenzó hace cuatro años como proyecto piloto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana en cuatro localiades valencianas (Moncada, Burjassot, Godella y Masarrochos), lo que ha sido denunciado por las farmacias de dichas zonas, que han visto descender sus ingresos y denuncian la peor calidad de los pañales y productos dietoterápicos enviados a los pacientes a domicilio. La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana aseguró ya a CF en diciembre de 2016 que su intención es reconvertirlo en un programa de atención domiciliaria, algo que las partes implicadas verían con buenos ojos. Sin embargo, la situación no ha cambiado. Miguel Sanfélix, empresario adjudicatario, explicó entonces a CF que "los absorbentes tienen la misma calidad y son los mismos fabricantes que en los centros sociosanitarios y en los hospitales".

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