FUENTE: El Mundo
Los farmacéuticos vuelven a estar molestos con la política de pagos del Consell y, de nuevo, han vuelto a encender las alarmas por la asfixia financiera que sufren algunas oficinas que tuvieron que solicitar hace tres años préstamos para evitar el concurso de acreedores. Los retrasos de mensuales les impiden afrontar las facturas de los medicamentos que expenden.
A día de hoy, los boticarios de la Comunidad Valenciana cobran a 75 días porque, según explicó ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, «a los 45 días establecidos para los cobros se suma el retraso de 30 días que todavía no ha podido corregirse desde hace más de tres años». Según el Ministerio de Hacienda, la Comunidad es la que más retraso acumula, con 53 días, mientras que en el resto de regiones la media de morosidad apenas alcanza los 23 días.
Giner recordó que se trata de una «situación crónica» que provoca que la Generalitat sea la que más deuda mantiene de España con el colectivo de los farmacéuticos. El presidente del consejo autonómico de farmacéuticos eleva a 200 millones los retrasos en los pagos -sólo Cataluña se acerca a esta deuda con 134 millones- de los cuales la mitad de la deuda con las boticas corresponderían a intereses de demora, que están en torno al 8% y que ha generado ya numerosas reclamaciones judiciales.
Los otros 100 millones se deben al retraso de la mensualidad de las facturas de los fármacos, según Giner quien recordó que las oficinas de la Comunidad cobrarán previsiblemente en julio las facturas de mayo «porque el concierto se está incumpliendo desde el primer minuto. Deberíamos cobrar los días 30, 31 -ó 28 si es febrero- del mes siguiente a la facturación».
Ante estos retrasos, el Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana acaba de solicitar a la Unión Europea que requiera al Gobierno de España el pago de las facturas a las farmacias en 30 días tal y como figura en el concierto firmado entre la Conselleria de Sanidad y los farmacéuticos el 18 de julio de 2016, el que de alguna manera selló la paz.
El abogado del Sindicato Libre de Farmacéuticos Miguel Mancebo considera, sin embargo, que el problema lo tiene la Administración, al margen de los problemas de financiación: «La Directiva europea y la Ley de Morosidad son muy claras: se paga a 30 días. Pero en el concierto pone el último día de mes. Y eso, ¿cuándo es? Si es el 31 de julio se pasa de los 30 días».