FUENTE: El País

Solo el 24% de las personas que podrían beneficiarse tienen recetados los nuevos anticoagulantes de acción directa, alertó ayer en Salamanca Ramón Lecumberri, especialista de la Clínica de la Universidad de Navarra. La media de Europa es muy superior —43%—, y por detrás de España (24%) solo están Finlandia (22%) y Holanda (17%). Estos medicamentos se emplean para evitar ictus e infartos.

Lecumberri fue uno de los ponentes de la jornada de formación de periodistas que organizó la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Y destacó que igual que hay diferencias importantes en el uso de estos medicamentos en Europa, también las hay dentro de España. Cantabria, con el 38,5%, está casi a niveles europeos, y le siguen Andalucía (29,4%) y Aragón (28,7%). En la cola están Canarias (14,3%), Asturias (14,9%) y Madrid (17,1%). Una inequidad que, según este especialista, no tiene justificación clínica. Los datos de Cantabria (la primera) y Asturias (la penúltima) demuestran que la desigualdad no depende de cuestiones poblacioneales o geográficas, sino de decisiones políticas.

Los llamados anticoagulantes de acción directa se denominan así porque actúan sobre los factores de coagulación o la trombina, una molécula clave en el proceso. Están aprobados hace unos 10 años, pero su uso se ha visto frenado por barreras de las Administraciones, criticó Lecumberri. Hasta la aparición de estos dos fármacos se utilizaban otros (el sintrom o heparinas recombinantes) para controlar la aparición de trombos en personas con fibrilación. Estas son unas 90.000 en España y corren riesgo de tener complicaciones mayores, como hemorragias o infartos e ictus, en función del estado de su sangre: si está muy fluida, los sangrados; si no, las oclusiones. Estos medicamentos se continúan utilizando —“no tiene sentido cambiarlos si van bien”, dijo el presidente de la SEHH, Jorge Sierra—, pero tienen varios inconvenientes, de acuerdo con la presentación que hizo Lecumberri.

El médico expuso los distintos datos sobre el uso de ambos grupos y la conclusión es que los modernos tienen la ventaja de que no hay que estar monitorizando y empiezan a actuar antes, con el inconveniente del precio (de menos de cinco euros al mes a casi 90 por un tratamiento). Esta diferencia ha sido determinante para frenar el uso de las formulaciones más modernas, aunque los estudios sobre el coste-eficacia demuestran que a la larga con ambas aproximaciones se ahorra.

En España, el Ministerio de Sanidad tiene establecidas una serie de restricciones al uso de los medicamentos más nuevos (básicamente, hay que tener antecedentes de hemorragia craneal o un mal control de la coagulación), y la receta de estos fármacos requiere un permiso especial. Pero los especialistas opinan que son limitaciones no justificadas, y apuntan a aspectos como los pacientes de novo (los recién diagnosticados de fibrilación), los que ya han tenido un ictus o los que necesitan prepararse para una operación de corazón o tienen tromboembolismo venoso (el coágulo no obtura la arteria sino la vena).

La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Faesan) pide un mayor acceso e incluso dispone de mapas donde señalan dónde es más fácil que el inspector autorice que se les recete el medicamento más nuevo... Y más caro.