FUENTE: Cinco Días

La necesidad de conciliar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos, cuyo proceso de I+D resulta cada vez más complejo y costoso, con la sostenibilidad del sistema sanitario ha intensificado el debate sobre la financiación pública de estas nuevas terapias, cada vez más precisas y dirigidas a grupos más concretos de pacientes.

Hay que tener en cuenta, además, que el progresivo envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades en las sociedades más desarrolladas están abriendo el camino a un escenario de crecimiento del gasto sanitario en el medio y largo plazo.

En este contexto, es clave que el precio de los nuevos tratamientos se ajuste a lo que van a aportar al sistema sanitario tanto en términos de salud para los pacientes como en reducción de costes en el medio y largo plazo en la medida en que sean capaces de lograr reducir otras partidas, como el gasto hospitalario. Además, el precio debe garantizar un retorno adecuado para la inversión realizada por las compañías en el proceso de I+D de los nuevos medicamentos.

Pero, ¿quién fija el precio de estos medicamentos? ¿Cómo se financian los tratamientos? ¿Qué elementos intervienen? ¿Y qué medidas se toman para garantizar el acceso a las pacientes?

“El proceso de fijación de precios de los fármacos innovadores es complejo y atiende a numerosos factores. Más allá del gasto inmediato, en el medio y largo plazo supone un inversión que genera un retorno mucho mayor: aumento de la esperanza de vida y la calidad de los años vividos, ahorro de otros recursos sanitarios derivados de su utilización y el aumento de la riqueza económica asociada a las ganancias de productividad o reducción de absentismo laboral”, defienden desde la patronal Farmaindustria.

Negociación entre ‘farmas’ y Gobierno

En España, las farmacéuticas solicitan la financiación de un medicamento determinado ante la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el órgano competente en esta materia y que pertenece al Ministerio de Sanidad. Este documento, donde las compañías plantean el precio y el valor clínico de la terapia, es analizado después por la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, también de Sanidad, que elabora un informe.

Pero es la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos, adscrita a Sanidad y que está integrada por representantes de este ministerio y los de Economía, Industria y Hacienda, tres delegados de diferentes comunidades autónomas y sus respectivos expertos, la que finalmente establece el coste.