FUENTE: Correo Farmacéutico

Los cuatro partidos políticos con más representación en la Comunidad Valenciana (PSOE, PP, Ciudadanos y Compromís) y representantes de los COF de Valencia y Alicante coincidieron la semana pasada en un debate organizado por Cofares y CF en que la farmacia debe tener su espacio en la atención sociosanitaria y en la prestación de más servicios asistenciales desde las boticas.

CF y Cofares quieren llevar a cabo una serie de encuentros en las autonomías y crear un estado de opinión, debate y reflexión en torno al gran reto de la atención sociosanitaria y, en concreto, poner de relieve el papel que las farmacias comunitarias y los farmacéuticos pueden tener en este espacio en pleno desarrollo, tanto a nivel nacional como autonómico.

Andalucía, Madrid, Castilla y León y Aragón tienen en marcha proyectos, en distinto grado de desarrollo, para regular la AF a los centros sociosanitarios desde la farmacia. Y por supuesto, la Comunidad Valenciana, protagonista del debate de la semana pasada.

En la región, la atención sociosanitaria y los servicios profesionales desde las farmacias es un viejo compromiso, incluso plasmado en varias normas que, sin embargo, no se ha cumplido hasta ahora. El actual Gobierno valenciano, que quiso poner en marcha un modelo nuevo centrado en los hospitalesmarginando a las farmacias de la atención farmacéutica a las residencias, Resi-Eqifar, tuvo que retirarlo, por inviable y por dudas sobre su encaje con la normativa estatal.

Esa es la cuestión de la que se parte para lograr un consenso y una norma que permita regular la atención farmacéutica a residencias y centros sociosanitarios con participación de las boticas.

Un debate inaplazable

Como explicó Carmen Fernández, directora de CF, en la presentación del debate, ordenar la atención sociosanitaria en un escenario en el que los avances farmacoterapéuticos, el alargamiento de la esperanza de vida y la cronificación de muchas enfermedades significa la aparición de un nuevo paciente con nuevas necesidades, es muy importante.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, subrayó el interés de la cooperativa que preside, “por el abordaje de la integración de la farmacia en el espacio sociosanitario, en el que Cofares quiere participar”.

Fe Ballestero, presidanta del COF de Alicante, señaló que la Comunidad Valenciana, en lo que a la AF sociosanitaria se refiere, se caracteriza por las iniciativas sucesivas de las administraciones y por un panorama en el que apenas 25 farmacias atienden a casi todas las residencias ,“y esta concentración no garantiza una buena atención y un seguimiento adecuado de los pacientes”.

En el territorio, explicó Juan Córdoba, diputado autonómico y portavoz de Sanidad de Ciudadanos, hay 93 residencias públicas que atienden a 4.000 plazas y 350 privadas con 23.000 plazas y de todas, un 25 por ciento, tiene menos de 60 camas.

Lo que los COF reclaman, dada esa concentración, recordó Jaime Giner, presidente del COF de Valencia, es que se regule que la AF a una residencia, cuando corresponda a una farmacia, se encargue a una oficina de la zona básica donde se encuentre el centro sociosanitario.

Códoba afirmó que la situación actual en la autonomía es fruto de un Gobierno instalado “en el postureo y en no hacer nada”, y resalta que no ha entrado en las Cortes en tres años ni una sola iniciativa que haga referencia a la farmacia.

José Salas, diputado del PP, subrayó que “tenemos la suerte de contar con la farmacia que hay en España, y esto no lo podemos desaprovechar”. Todo pasa, explicó, por una coordinación entre todos los profesionales sanitarios liderada por la Administración, “en beneficio del paciente”. En ese sentido, añadió, “la farmacia está siendo infrautilizada con todas sus capacidades”.  Los gobiernos están para gobernar y no se puede estar achacando la falta de iniciativas o las dificultades de los errores anteriores o a la “herencia recibida”, coincidieron Salas y Córdoba.

Rectificación necesaria

Manuel Pineda, diputado del PSOE, e Isaura Navarro, la portavoz de Compromís, organización asociada a Podemos, rechazaron las acusaciones de parálisis del Gobierno regional durante los tres años le legislatura. Navarro calificó la retirada de Resi-Eqifar como “una rectificación necesaria”, además de calificar el proyecto de “desastrosa operación de marketing con un nombre como ese”. Añadió que era un “proyecto imposible con ausencia de los consensos necesarios”.

En esta falta de consenso y en la necesidad de reconstruirlo inisitió Pineda, médico de profesión, que señaló que “en el campo de la atención, mi experiencia me dice que hay que contar con los farmacéuticos, que a veces conocen mejor a los pacientes y están más cercanos de su entorno social y familiar”.

A este respecto, Córdoba sugirió la posibilidad de crear el “farmacéutico sociosanitario”, formado específicamente para ello.

Giner subrayó que lo importante es “poner los pies en la tierra” y partir de la realidad y las posibilidades”; y la farmacia, afirmó, “tiene mucho que ofrecer”.

A este respecto, Ballestero recordó que en la Comunidad Valenciana sigue vigente una norma, aunque nunca desarrollada y apenas aplicada, el Decreto Ley 94/2010 del Gobierno regional, y que constituye, sostiene, una norma con la que avanzar en la AF sociosanitaria y los servicios asistenciales.

Ballestero recordó el programa piloto en marcha en Alicante (del que ha informado CF) en el que, por primera vez, farmacéuticos comunitarios trabajan en equipos multidisciplinares con médicos y enfermeros para desarrollar juntos tareas asistenciales y Giner trabaja en un documento de consenso con profesionales sanitarios para cinsensuar la delimitación de competecias ya prevista en las leyes y establecer criterior de coordinación pra trabajar juntos. Este documento

Juan Blanco, consejero de Cofares, subrayó la importancia de que haya acuerdos para “objetivar procedimientos sobre cómo medir resultados en salud también de las farmacias y sus servicios”, lo que calificó de imprescindibles para avanzar por el camino asistencial.

El 94/2010, un decreto del que partir ahora

En la Comunidad Valenciana sigue vigente un decreto, el 94/2010, que nunca se desplegó y aplicó, que regulaba la AF desde las farmacias a las residencias y abría la puerta a la atención farmacéutica domiciliaria desde las farmacias, tan polémica ahora en Madrid.

Esta norma establece una diferencia entre residencias de más de sesenta pacientes, que tendrían la prestación y atención farmacéutica supervisada desde hospitales, y las de menos pacientes, susceptibles de ser gestionadas desde farmacias. Además, establecía la posibilidad de atención domiciliaria a pacientes que la necesitaran desde las farmacias.

Este es el modelo del que los COF quieren partir para una nueva regulación y sobre o el que, paradójicamente, no sólo PP y Ciudadanos sino también los dos grupos de Gobierno, PSOE y Compromís aceptan como punto de partida.

Fe Ballestero, defensora desde siempre de esta norma, “tanto que yo ya la llamo mi decreto”, defiende que una simple actualización serviría para salir de la situación actúa y ordenar la AF sociosanitaria. Aunque hay que tener en cuenta que ya existe un proyecto de decreto de servicios asistenciales para las farmacias con el que habría de armonizarse.

Una de esas actualizaciones ya las tendría en marcha, por la vía de hecho, el actual Gobierno que, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2019 modificará la Ley de Farmacia regional para establecer el criterio del denostado RD 16/2012 de la ministra Ana Mato y establecer la AF sociosanitaria para las residencia a manos de hospitales a partir de cien camas y el resto para las farmacias.

Sacar más provecho

Isaura Navarro admitió la necesidad de aprovechar más las capacidades y posibilidades de las oficinas de farmacia y la necesidad de consenso entre los profesionales, “porque debemos recordar que la Farmacia Hospitalaria ha visto como un paso atrás la retirada de Resi-Eqifar”. Jaime Giner recordó que no debía confundirse la opinión de algunos representantes de este colectivo de profesionales sanitarios y lo que opinan los farmacéuticos de hospital “que trabajan con las farmacias en algunos programas o que se han pronunciado de manera diferente sobre lo que era un proyecto inviable y con dudas sobre su legalidad”.

Giner señaló también que tal vez no baste con actualizar el 94/2010 sino partir de él para elaborar un nuevo. En todo caso, afirmó, unido a la regulación tiene que ir la obligación de formación y recertificaciónpara los profesionales de la farmacia comunitaria quieran realizar servicios de AF a residencias.

Juan Córdoba apuntó la posibilidad instituir un organismo autónomo con presupuesto propio que coordine la AF sociosanitaria ya que afectaría a varias consejerías, Sanidad y Asuntos Sociales como mínimo; pero Pineda, Salas y los presidentes de COF no consideran esto imprescindible ya que existen organismos de coordinación administrativas capaces de garantizar esta función necesaria.