FUENTE: Correo Farmacéutico
El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), que entrará en vigor el 9 de febrero, es el primer gran reto del sector farmacéutica de este año. Las 22.000 farmacias españolas deberán cumplir con las obligaciones que les impone el Reglamento Delegado (UE) 2016/161, para lo que están trabajando estrechamente todos los agentes: Ministerio de Sanidad, Consejo General de COF, la patronal de la distribución farmacéutica (Fedifar) y las patronales de medicamentos innovadores (Farmaindustria) y medicamentos genéricos (Aeseg).
Sin embargo, este mes se verá cómo se ultiman los trabajos, ya que a finales de año varió el rumbo del proceso. Y es que se aprobó un nodo propio para que los hospitales realicen sus verificaciones (Nodo SNSFarma), que podría coexistir en un principio con Nodofarma Verificación, la herramienta de los COF adoptada por Sevem.
Desde la publicación de este reglamento, los estados miembro han tenido tres años para adaptarse y asegurar que los fármacos sean seguros y que el comercio esté controlado.
Aparte de Sevem, las farmacias españolas demuestran estar cada vez más comprometidas con la vertiente asistencial de su profesión, con pilotos en expansión, como el Domi-Eqifar (atención farmacéutica domiciliaria) en la Comunidad Valenciana, con un equipo multidisciplinar donde interviene también Enfermería (pese a los constantes ataques de sus representantes sindicales y colegiales al servicio ofertado desde la farmacia). A su vez, el pasado mes de diciembre Madrid, con una ley de farmacia pendiente de aprobación y cuestionada también por el citado colectivo, anunció que iniciarían contactos para dispensar antirretrovirales en botica.
2019 será también el año en que la interoperabilidad llegue a todas las comunidades autónomas, de manera que sólo Madrid falta por sumarse (prevé estar este primer trimestre). Y será el año en que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) continúe la serie de informes iniciado en 2018 sobre los desabastecimientos, un problema sobre el que alerta y pide medidas preventivas.
2018 dejó en el tintero otras cuestiones presentadas en el último Interterritorial, presidido por Mª Luisa Carcedo, la tercera ministra de Sanidad del año. Así, el tema estrella fue la financiación de terapias CAR-T, desarrolladas en colaboración con entidades académicas.
Aparte, la homeopatía sigue captando la atención, tras la resolución de 29 de octubre de la Aemps, que detalla los 2.008 productos homeopáticos que comunicaron su intención de adecuación a la nueva normativa (el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre), según la Orden de 27 de abril de 2018.
A pesar de la satisfacción de los laboratorios, surgió una polémica que no parece mitigada, con el anuncio de Carcedo de realizar cambios normativos para excluir las pseudociencias de los centros sanitarios. Así, los defensores de las terapias complementarias le piden aclarar los criterios de evaluación.
En noviembre de 2017 la por entonces directora general de Farmacia, Encarnación Cruz, anunció la elaboración del RD de precios y financiación. Y lo hizo matizando que se dividiría en dos partes,priorizando el centrado en productos sanitarios. Desde entonces, y debido a los cambios políticos, es una de las asignaturas pendientes.
Aparte de retos legislativos a nivel nacional, a nivel autonómico está pendiente la publicación de normas que afectan a la Atención Farmacéutica (AF) sociosanitaria. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde el proyecto de Ley de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos autonómica para 2019 prevé modificar la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad en lo que se refiere a la AF a residencias y adaptarse a lo que establecía el Real Decreto 16/2012.
Por su parte, Castilla y León también está a la espera de publicar una norma que establecerá que todas las residencias y centros sociosanitarios privados con menos de cien camas serán atendidos a través de un depósito propio de medicamentos vinculado a una farmacia de la misma zona básica.
Aragón también trabaja sobre ello, ya que en un primer momento el papel de la farmacia comunitaria se restringía a centros de hasta 49 camas. Y tanto Madrid como Galicia contemplan en sus próximas leyes de ordenación la necesidad de regularlo.