FUENTE: IM Farmacias
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, la compra centralizada de diversos medicamentos por un valor de 391 millones de euros.
El procedimiento de compras agregadas de principios activos para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) se estableció en 2010. Permite que aquellas comunidades autónomas que lo deseen se sumen de forma voluntaria a una compra a gran escala.
De esta forma, se reducen los costes de los fármacos y se contribuye al refuerzo de la cohesión y eficiencia del SNS. Se estima un ahorro de 128 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud.
A la compra actual se han sumado 10 comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana. También participan el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -responsable de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y el Ministerio de Defensa.
El acuerdo del Consejo de Ministros se materializa en un acuerdo marco, mediante el cual se seleccionarán laboratorios que suministren los distintos principios activos.
Se adquirirán inmunosupresores indicados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la psoriasis y la enfermedad de Crohn. También se destinarán a tratar algunos cánceres como el de mama, el de colon y algunos tipos de leucemias y de linfomas.
La compra también incluye hormonas como la somatropina, destinada a niños con baja talla y también adultos con una secreción insuficiente de la hormona del crecimiento. Del mismo modo, se adquirirán agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, que permiten reducir los efectos adversos de la quimioterapia en pacientes con cáncer.
Por último, está prevista la compra de antianémicos indicados para el tratamiento de la anemia asociada a la insuficiencia renal crónica, a la quimioterapia por tumores sólidos, a la prevención de riesgos quirúrgicos y a la anemia en prematuros.
La compra se realizará a través de un procedimiento abierto, cumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público. Las compras tendrán un plazo de vigencia inicial de dos años, con la posibilidad de una prórroga de otro año.