FUENTE: El Mundo.

La Conselleria de Sanidad no dispondrá de los recursos suficientes para pagar los tratamientos a pacientes contemplados en el llamado «Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C». Ese plan, acordado en el Consejo Interterritorial que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, preveía que el Estado transfiriera a las autonomías el dinero para pagar los nuevos y costosísimos tratamientos que han demostrado un alto porcentaje de eficacia en la erradicación de la enfermedad. En España se estima que unos 52.000 pacientes han podido beneficiarse de estos nuevos fármacos, absolutamente revolucionarios.

En la Comunidad Valenciana, el coste de estos tratamientos ha ascendido a 153,8 millones de euros que han sido adelantados por la Conselleria de Sanidad. Si se extrae una media con el número de pacientes atendidos, se han invertido más de 30.000 euros por paciente, según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

La sorpresa ha llegado cuando, según ha podido saber EL MUNDO, la Administración General del Estado sólo ha transferido 114 millones a través de un mecanismo especial pactado, un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) específico que se transfirió en diciembre junto al que podríamos llamar FLA general para pagar facturas de otro tipo. En ambos casos se trata de un préstamo que la Generalitat debe devolver, aunque los tipos de interés que se manejan rozan el cero.

Durante el año 2015 un total de 5.031 pacientes diagnosticados de infección crónica por el virus de la Hepatitis C se han tratado con los nuevos tratamientos antivirales de acción directa en la Comunidad Valenciana de acuerdo con las indicaciones del citado plan acordado para todo el Estado.

La diferencia de 39,8 millones de euros ha tenido que ser asumida de momento con la Conselleria de Sanidad. El problema es que en este caso se ha tenido que hacer frente en condiciones financieras muy distintas de las que ofrece el Estado a través del FLA.

Fuentes del Ministerio de Sanidad declinaron ayer ofrecer una explicación sobre este desfase, que supone para la Generalitat otra factura «inesperada» por parte del Estado. En la Conselleria de Sanidad tampoco han obtenido del Gobierno de España una explicación coherente para este nuevo agujero de 39 millones de euros.