FUENTE: Diario Médico

La carrera por conseguir una vacuna contra la Covid-19 no ha acabado aún. Y, sin embargo, ya han comenzado a darse los primeros pasos de lo que parece otra competición: cómo se distribuirá. Algunos países, como EEUU con su programa Warp Speed o la propia UE, ya están moviendo ficha para asegurarse una buena cantidad de dosis, mientras sobrevuela en el aire la pregunta de quién debería vacunarse primero.

En el último número de la revista Science, un grupo internacional de expertos reflexiona sobre las implicaciones éticas de esta cuestión y propone un modelo para priorizar de forma justa, subrayan, el reparto de vacunas en un previsible escenario de escasez.

Las propuestas que se han hecho hasta ahora tienen, todas, "puntos débiles", subraya el texto, firmado por científicos de las Universidades de Oxford, Princeton, Georgetown, Latinoamerica de Ciencias Sociales o Toronto, entre otras. Porque, aunque en muchos casos esos planes tienen la vocación de cumplir con parámetros de justicia y equidad, en realidad no conseguirían ese objetivo, añade.

Priorizar y justificar

Por un lado, se ha propuesto que se priorice la vacunación a sanitarios y personas con alto riesgo de enfermar, como los mayores de 65 años, ha señalado, en un comunicado, Ezekiel J. Emanuel, investigador en asuntos de Ética Médica y Políticas de Salud en la Universidad de Pennsylvania (EEUU) y principal firmante del texto publicado en Science. Por otro lado, organismos como la OMS también han sugerido que cada país debería recibir dosis de forma proporcional a su población. Pero, para los firmantes, desde el punto de vista ético, ambas propuestas hacen aguas.

"La idea de distribuir las vacunas en función de la población parece una estrategia equitativa", señala Emanuel. Pero, en realidad, puede dejar atrás a muchos afectados gravemente por la pandemia, continúa. En la propuesta que estos científicos avanzan, el primer punto -y también el más urgente- para valorar la distribución tiene que ser la cantidad de muertes prematuras que una vacuna podría prevenir en un determinado lugar.

Además, también deben valorarse las consecuencias indirectas que esa inmunización podría proporcionar a la salud y el sistema sanitario de los ciudadanos, así como el impacto económico.

"La pandemia ha devastado la economía global, causando desempleo, recesión económica y pobreza. La economía y la salud están interconectadas: unas peores condiciones económicas dañan la salud así como el empeoramiento de la pandemia también daña la economía", señalan los investigadores en el texto.

Fases de implementación del plan propuesto

El plan propuesto -bautizado como The Fair Priority Model-, plantea tres fases de implementación. La fase 1 tiene como objetivo prevenir las muertes prematuras, así como otros daños directos e irreversibles para la salud causados por la pandemia. En una segunda fase, además de mantener este objetivo, se pretende actuar sobre los problemas económicos y sociales asociados al virus (retomar negocios y actividades cerradas por la pandemia contribuirá a reducir la pobreza, subraya el texto). Y, en tercer lugar, la fase 3 tiene como prioridad reducir la transmisión comunitaria del patógeno. Para evaluar estos puntos, los investigadores proponen sistemas concretos de medición.

"Implementar cada fase del modelo requiere determinar el número de dosis que cada país debe recibir y el orden de esa recepción", subrayan los investigadores.

El plan de la OMS, que comienza proporcionando vacunas para el 3% de la población de cada país para, posteriormente, ir elevando ese porcentaje hasta que al menos todas las naciones puedan inmunizar al 20% de sus ciudadanos "asume erróneamente que la igualdad requiere tratar de forma idéntica a países con grandes diferencias". Lo verdaderamente equitativo, añade, es responder a sus diferentes necesidades porque, en realidad, países con cifras similares de población se están enfrentando a niveles muy diferentes de muertes y devastación económica a causa de la pandemia, señalan.

En sus conclusiones, los 19 científicos firmantes subrayan que el plan es "la mejor materialización de los valores éticos para limitar los daños, beneficiar a los desfavorecidos y reconocer un interés igualitario por todas las personas".