Fuente: El Global

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Sanidad anunciaba su intención de modificar los requisitos exigibles a las oficinas de farmacia para que puedan beneficiarse de la aplicación de un índice corrector por su baja facturación pública, las conocidas como farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida).

Para ello, Sanidad iniciaba los trámites para modificar el Real Decreto 823/2008 que recoge estas compensaciones económicas a aquellas boticas que no superen los 200.000 euros anuales de facturación al SNS por recetas públicas (con una compensación máxima actual de 833 euros mensuales). Entre los principales reformas a acometer señaladas por Sanidad se encuentra, cabe recordar, la “elevación de las cuantías fijas derivadas de la aplicación del índice corrector de los márgenes mediante la actualización del IPC”, así como la “actualización anual” de las cuantías fijas.

El primer trámite ministerial pasaba por someter esta iniciativa a consulta pública, a fin de recibir aportaciones de las partes implicadas. Un llamamiento al que ha respondido la profesión remitiendo sus sugerencias y que han sido recopiladas por EG. El parecer general es favorable a esta revisión de las ‘ayudas’ que garantice la sostenibilidad de la red nacional de farmacias y la viabilidad de todos los establecimientos.

¿Vuelta a requisitos de ubicación?

Una de las principales dudas que dejaba Sanidad en este primer texto hacía referencia a la posible vuelta a la aplicación de requisitos geográficos y/o poblacionales para acceder a este índice corrector. Un requisito con el que nacieron estas ayudas —a las que solo podían acceder en origen las farmacias ubicadas en entornos rurales— pero que se suprimió en 2012 para que también fueran accesibles para boticas VEC urbanas —que las hay—.

En el proyecto de RD, Sanidad recuerda en varias ocasiones que el mayor número de oficinas de farmacia VEC “se concentra en los municipios de menos de 1.500 habitantes, representando más del 80 por ciento de las 712 farmacias VEC afectadas en el territorio nacional”. No obstante, fuentes del Consejo General de Farmacéuticos a EG indican a EG que, tal como se ha indicado en sus aportaciones, “es indispensable que dicho índice se siga aplicando a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello, sin distinción de dónde se sitúen, pues su existencia tiene asimismo una importancia capital en la salud de colectivos vulnerables”.

En el caso concreto de las farmacias rurales, estas mismas fuentes señalan que “las medidas dirigidas a proteger y garantizar sus funciones deben ir más allá de esta actualización”. “Muchos de los problemas de los que adolecen estas farmacias no son exclusivos de aquellas con un bajo nivel de ingresos, sino que afectan a todas las farmacias de entornos rurales; y entre los que se encuentra el exceso de guardias, la falta de conciliación, la dificultad de acceso a las tecnologías y a los programas de formación y, en definitiva, el aislamiento y los perjuicios que conlleva”, añaden.

“El CGCOF pide, frente a las dudas que genera el texto del proyecto, que no se hagan distinciones según la ubicación de las boticas”

De vuelta a los criterios de acceso, desde la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) sí se ha manifestado en sus aportaciones que se tenga en cuenta se tenga en cuenta “la población atendida” por los establecimientos beneficiarios de este índice corrector a su facturación. Por ejemplo, “zonas aisladas o deprimidas”, expone su presidente, Jaime Espolita.

Cuantías de las ‘ayudas’ a farmacias VEC

Respecto a las cuantías y umbrales que establece el RD 823/2008 tanto para acceder a estas ‘ayudas’ como la cantidad de las mismas, desde Sefar proponen en sus alegaciones modificaciones en ambos sentidos.

Sobre la facturación mínima con cargo al SNS (recetas públicas) para acceder a estas compensaciones, desde Sefar se solicita elevarla de los actuales 200.000 euros/año a 300.000 euros/año. Ello permitiría que otra buena parte de farmacias que también se ven afectadas por la incertidumbre económica puedan recibir este índice corrector a su (también) baja facturación.

“Sefar reclama elevar la facturación mínima exigible para acceder a las ‘ayudas’, y doblar las cuantías máximas abonadas hasta los 1.666 euros/mes”

Por su parte, respecto a las cuantías que abona la Administración a las farmacias VEC, la sociedad representativa de la farmacia rural pide que se doblen los tramos establecidos, hasta un máximo de 1.666 euros/mes, frente al máximo actual fijado en 833 euros/mes.

Remunerar servicios

En otro orden de sugerencias, desde el CGCOF se indica que “existen otras iniciativas que deberían estudiarse como la necesidad de avanzar hacia un modelo que prevea la aplicación de incentivos fiscales y la remuneración de los servicios farmacéuticos de urgencia y los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA). Servicios todos ellos que se prestan por las farmacias en entornos rurales y sobre los que se debería potenciar su desarrollo, en beneficio de la población a la que atienden y preservar la farmacia comunitaria como figura capital en la vertebración del territorio”.

“Esta medida (proyecto de RD) no va a ser suficiente para solucionar la situación de la farmacia rural pero estamos seguros que será la primera de otras que se tomen desde la Administración”, opina al respecto el presidente de Sefar.