FUENTE: El Mundo.

Francisco Salmerón no es precisamente un antivacunas. Toda su vida profesional ha estado relacionada con las vacunas y durante 25 años ha sido uno de los máximos responsables en esta materia en la Agencia Española del Medicamento. El año pasado no dudó en oponerse frontalmente a la política del Ministerio de Sanidad sobre la vacuna de la varicela y esa oposición le costó el cargo. Su cese está ahora en los tribunales.

Ha sido la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que ha admitido a trámite la demanda de Salmerón contra la Agencia del Medicamento por lo que él considera un cese no motivado e incluso constitutivo de un delito de acoso laboral. "La Administración buscaba apartar cuanto antes a nuestro representado de cualquier puesto de responsabilidad, al considerarlo un elemento molesto", puede leerse en su escrito de defensa.

Desde 1990 y hasta el pasado 19 de junio de 2015, Salmerón (de 68 años) había sido jefe de la División de Productos Biológicos y Biotecnología de la Agencia del Medicamento. Un cargo -obtenido por concurso de méritos- con unas 50 personas a su cargo desde el que era responsable, entre otras muchas cosas, de la evaluación clínica de las vacunas.

Sin embargo, el pasado 19 de junio recibió una resolución firmada por la directora de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), Belén Crespo, en la que se le comunicaba sin previo aviso su traslado a una sede secundaria de la agencia (en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, alejado de sus subordinados) y se le notificaba su cambio de funciones. Además de ser apartado de todos los comités internacionales de los que formaba parte y dejar de percibir algunos complementos económicos, su única labor a partir de ese día sería la "elaboración de informes".

Como explica el escrito de su abogado y él mismo recuerda en conversación con este periódico, días antes había escrito sendas misivas al ministro de Sanidad Alfonso Alonso (ahora en funciones) por considerar erróneas las políticas de su departamento en relación a las vacunas de la varicela y la meningitis B.

En esas cartas, en poder de EL MUNDO, Salmerón critica la falta de evidencias científicas que sustenten el cambio de criterio para que la vacuna de la varicela se ponga en la primera infancia (12-15 meses) y no a los 12 años, como ocurre en la mayor parte de Europa (salvo Alemania, Malta, Grecia, Letonia y Luxemburgo, pero también EEUU).
"Cuestiones de organización"

La directora de la AEMPS, Belén Crespo, señala a este medio que Salmerón fue enviado a otra sede debido "a la necesidad de reorganización del área de productos biológicos y biotecnológicos de la Agencia. La situación actual en esta área es de una disminución del peso de los medicamentos biológicos más clásicos (vacunas y hemoderivados) y un mayor peso de la biotecnología (anticuerpos monoclonales) y las terapias avanzadas (terapia celular, génica e ingeniería de tejidos)". Por tanto, Crespo niega que el cambio de lugar de trabajo de Salmerón esté vinculado con su postura sobre la vacuna de la varicela.

Un producto del que existe mucho debate sobre su protección. "Lo que vamos sabiendo de esta vacuna [Varivax, de Sanofi Pasteur MSD]", explica Salmerón delante de una montaña de documentos, "es que la infección por el virus de la varicela en la infancia genera una protección que dura toda la vida, algo que no ocurre con la vacuna, de la que no estamos seguros cuánto dura la protección".

Desde 2003, la vacuna en España estaba incluida en el calendario vacunal sólo para niños de 12 años que no hubiesen pasado la enfermedad (aunque Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla también inmunizaban a los bebés de 12-15 meses). "La revisión de datos del Centro Nacional de Epidemiología de los últimos 15 años sólo recoge dos muertes en niños menores de un año y dos en niños de uno a 14 años", explica Salmerón, que recuerda que la infección de la varicela en la infancia es bastante benigna, no así en la edad adulta. "Por eso, la estrategia era dejar que el virus circule en la infancia y, sólo vacunar al 5% de los niños que llegan a los 12 años sin enfermar".

Sin embargo, entre 2003 y 2013, la vacuna también se podía comprar en las farmacias de todo el país "y muchos padres la adquirían por su cuenta, por recomendación de los pediatras". Esa libre vacunación -hasta 400.000 dosis vendidas- había alcanzado un porcentaje del 55%, recuerda Salmerón, "cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Europeos de Control de las Enfermedades (ECDC) advierten del riesgo que hay cuando la cobertura oscila entre el 20% y el 80%, porque se corta la circulación natural del virus y muchas de esas niñas van a llegar a la edad fértil cuando la vacuna ya ha dejado de ser eficaz y la infección por varicela en el embarazo y en la edad adulta sí puede ser un importante problema de salud".

"Cerrar el grifo" a la vacuna

Fue la división que él dirigía la que tomó entonces la decisión de restringir la vacuna de la varicela únicamente para uso hospitalario, "cerrando el grifo" a los lotes con destino a las oficinas de farmacia. Aquella decisión provocó el descontento de sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría o la de Vacunología y generó alarma en muchos padres, que viajaban incluso a Francia y a Portugal a obtener el medicamento. "No tuvo nada que ver con una cuestión de ahorro, es que era una situación peligrosa desde el punto de vista de salud pública", defiende ahora Salmerón.

Aquella postura provocó incluso una demanda interpuesta por el fabricante de Varivax, Sanofi Pasteur MSD, contra la Agencia del Medicamento. Sin embargo, el laboratorio terminó por retirar el recurso interpuesto.

Pero lo que la presión del fabricante y las sociedades científicas favorables a la vacunación no había logrado, lo logró la presión de las familias, la prensa y la política, en este caso, presumiblemente por la cercanía de las elecciones. En junio de 2015, el ministro Alfonso Alonso anunció la reincorporación de la vacuna al calendario para niños de 12 a 15 meses (con una segunda dosis a los tres o cuatro años).

"Sanidad ha ignorado informes técnicos muy cualificados", afirma Luis Palomo, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), una de las asociaciones que más ha criticado la decisión de Sanidad. Algo que niega Crespo: "La AEMPS no hace informes técnicos sobre el calendario vacunal. La Agencia trabaja junto con el resto de expertos en salud pública en la ponencia de Vacunaciones y en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que es donde se toman las decisiones referentes al calendario vacunal".

Decisión que critica Palomo porque "hasta que pasen unos años no sabremos qué efecto tiene cortar la circulación natural del virus, como tampoco sabremos si es necesaria una dosis de recuerdo a los 20-30 años". Eso, sí, añade, "una vez tomada la decisión por la autoridad competente nosotros tenemos poco que decir y defenderemos que se ponga por lealtad institucional".

Más favorable se muestra la Sociedad Española de Epidemiología, cuyo portavoz, Juan Pablo Alonso, explica a EL MUNDO que "es una decisión pública que permitirá alcanzar a la mayoría de la población". Sin embargo, sí admite que por ahora no se sabe si esta estrategia podría hacer aumentar la incidencia del herpes zóster en adultos (una patología causada por el mismo virus que ocasiona la varicela). "Habrá que hacer un seguimiento de esta cuestión a largo plazo, pero por ahora el balance riesgo-beneficio [de la vacunación en la primera infancia] parece positivo", apunta este especialista.
'Caos' y 'conflictos de intereses'

Las varias cartas de Salmerón al ministro para mostrar su oposición a esa medida van plagadas de críticas a los supuestos vínculos entre algunas sociedades científicas y los laboratorios farmacéuticos, pero también de referencias científicas y de un llamamiento a "una revisión sosegada" que ponga fin a "una situación tan caótica como la actual".

Cuando Salmerón fue trasladado -él pidió al TSJM como medida cautelar mantenerse en su puesto hasta la resolución de la demanda pero esta petición fue denegada- 65 empleados de la Agencia Española del Medicamento enviaron una carta de protesta a su directora (fechada el 8 de julio de 2015 y en poder de EL MUNDO). En la misiva, se defiende "la integridad, profesionalidad, buen criterio y honestidad" de éste, se expresa la "consternación" por su traslado y se solicita a Belén Crespo que "se reconsidere la decisión tomada".

En su demanda figuran dos cartas más de apoyo, una de ellas firmada por el jefe de Control Biológico de la AEMPS, Marcos Timón, que ha autorizado a EL MUNDO su publicación. En ella critica que "el traslado forzoso del doctor Salmerón ha generado desconcierto e inseguridad" y alaba su "capacidad de liderazgo, su trabajo y su tesón» como «un ejemplo a seguir".

Otra voz de apoyo a Salmerón llega desde quien fuese director general de Salud Pública entre 2008 y 2011, Ildefonso Hernández Aguado. El ex alto cargo reconoce que él mismo mantuvo discrepancias con Salmerón durante su etapa en el Ministerio a cuenta de otra vacuna (la del papilomavirus), "porque técnicos y políticos no siempre coincidimos en los criterios2. Pero reconoce que el cese le parece injusto, "porque él sólo pidió que se cumplan los protocolos".

Hernández Aguado vincula el cese de Salmerón a la creciente presión de las farmacéuticas en la toma de decisiones públicas, a veces a través de comités de expertos que hacen recomendaciones al Ministerio de Sanidad "sin que sus conflictos de intereses se hagan públicos como exige la Ley de Salud Pública". Una idea que comparte Luis Palomo, que denuncia "grandes presiones de la industria a las asociaciones profesionales, que se supone que deberían ser honestas científicamente".

En el caso concreto del calendario vacunal infantil, Hernández -catedrático de Salud Pública y ex presidente de la Sociedad Española de Epidemiología- critica que "se estén conculcando principios básicos" por "ir a salto de mata". Otros expertos, que no quieren dar su nombre, afirman que, en el caso de la vacuna de la varicela todavía queda mucho por saber a nivel científico: No se sabe si la inmunidad de la vacuna va más allá de los 14 años, tampoco el impacto real de la inmunización de niños en adultos y el riesgo de complicaciones de la enfermedad en la población vacunada. Por último, tampoco se conoce el impacto de la vacuna en la epidemiología del Herpes Zoster. Por estos motivos, muchos médicos piden un debate científico más sereno.
Una carrera contrarreloj

Por su parte, Salmerón sabe que los tiempos judiciales corren en contra de su edad biológica. "Cuando esto se resuelva -el tribunal tarda una media de dos años en resolver este tipo de casos- yo ya tendré 70 y estaré jubilado". Por eso asegura que no tiene nada que perder, pero quiere que su caso sirva como llamada de atención contra unas políticas en materia de salud pública que considera erróneas y peligrosas: "Vacunar mal es peor que no vacunar".

Reconoce que su testimonio puede descolocar a muchos padres, convencidos de que las recomendaciones oficiales son lo mejor para sus hijos, pero cuando se le pregunta qué deben hacer al respecto responde "como buen hijo de militar: Hay que vacunar, yo soy muy disciplinado y no hay que ir en contra de la autoridad. Pero también le digo que hay que echar a este ministro".

Salmerón no quiere que su testimonio perjudique a la vacunación, y por eso insiste: "No soy un antivacunas, ni soy una persona de izquierdas". En su nuevo despacho, despojado de funciones, tiene tiempo para seguir estudiando y publicando artículos en revistas internacionales. Aunque una vez a la semana se pasea por su antiguo despacho y sigue saludando a sus ex compañeros. "Nadie se atreve a decirme que no entre".
Otra vacuna en el punto de mira

En el caso de la vacuna de la meningitis B (comercializada como Bexsero por GSK), Salmerón explica que al tratarse de una enfermedad con tan poca inicidencia (un caso por 200.000 habitantes) no se han podido hacer los adecuados estudios de protección; sino con "respuesta de anticuerpos". Una idea en la que coincide la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), que considera que los datos disponibles son insuficientes para sacar esta vacuna del ámbito hospitalario y permitir su libre dispensación en farmacias. " El uso hospitalario es más garantista ante las dudas razonables sobre eficacia/seguridad", explica SESPAS en un comunicado. Algunas administraciones, como el servicio de Salud del País Vasco (Osakidetza), también se han mostrado contrarias a la vacunación universal autorizada por la Agencia del Medicamento. No se dispone "de información sobre eficacia y seguridad en inmunodeprimidos y otros grupos de población especialmente vulnerables. Además, faltan datos de compatibilidad con algunas vacunas de calendario y sobre la potencial cobertura de la nueva vacuna sobre cepas circulantes en nuestro medio", apunta Osakidetza. Por la gravedad de la enfermedad meningocócica, explica Salmerón, la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades europeas quedó condicionada a un estudio de post comercialización que se llevará a cabo en el Reino Unido en los dos próximos años.