Fuente: EFE Salud

El proyecto de ley prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo que según el Gobierno es una manera de “blindar” la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías tienen externalizados los servicios sanitarios.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que la ley que se envía ahora al Congreso para su tramitación mejora, amplía y “devuelve” derechos a la ciudadanía, aunque ayer Podemos expresó sus “serias dudas” de que vaya a servir realmente para evitar la privatización de la Sanidad.

“Quiero decir bien alto y bien claro que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso”, ha afirmado.

De hecho, según ha explicado Darias en la rueda de prensa, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente, “solo cuando no sea posible la gestión directa”.

Control de la externalización de servicios

Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.

A juicio de la ministra, esto “respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas” y se basa en el modelo de “cogobernanza”. Este es uno de los aspectos del texto que no estaba incluido en el anteproyecto que se aprobó en noviembre.

Cierra la puerta a los copagos

La nueva ley relativa a la sanidad pública recupera la carta común de servicios única y cierra la puerta a implantar nuevos copagos por servicios públicos. Además, exime del copago sanitario para los productos ortoprotésicos a los colectivos más vulnerables, como ya se hizo en su día con los copagos farmacéuticos.

Estos colectivos vulnerables son las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas más bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas de rentas bajas por hijo a cargo. En total esos colectivos suman 6 millones de personas.

Ley sanidad púbica y acceso universal

La norma recoge la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, y amplía el derecho a la atención a nuevos colectivos como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio nacional, así como a sus familiares.

Según la ministra, se garantiza así el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual, y a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

Los pacientes en el Consejo Interterritorial

Se establece la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial, en concreto en el foro abierto de salud, que ya existía, pero de manera temporal y solo para el estudio de algunas cuestiones.

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que representa a 1.450 asociaciones locales o regionales que prestan servicio a más de 900.000 pacientes y familiares, este proyecto de ley supone “un gran avance para uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país, tanto para las personas con enfermedad crónica como para sus familiares y cuidadores”.

Carina Escobar, presidenta de POP, destaca en especial la mayor participación de los pacientes en los órganos de decisión “porque nos permitirá llevar la voz del paciente allá donde debería haber sido escuchada desde siempre”.