FUENTE: El Global.

Los conflictos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas no cesan. El último capítulo lo ha protagonizado la Comunidad Valenciana, que tras su decisión de subvencionar el copago a pensionistas y personas en situación desfavorecida se ha encontrado con un recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado. Sin embargo, la preocupación no ha llegado hasta la Consejería de Sanidad Universal a tenor de las palabras de su titular, Carmen Montón.

Según la consejera, este recurso tendrá un futuro similar al interpuesto por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por la universalidad en la asistencia sanitaria. "El Constitucional destacó entre sus argumentos para mantener la vigencia de la norma que el derecho a la salud de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no puede estar desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado", aseguró Montón, quien además añadió que la motivación del Gobierno central responde a la "obsesión de Mariano Rajoy en defender los recortes sanitarios".

Los decretos recurridos son el 240/2015 y el 39/2015, ambos de 29 de diciembre de 2015, que regulaban las bases de las ayudas para el colectivo de pensionistas y personas con diversidad funcional. Ambos textos legislativos tienen un coste estimado de 41 millones de euros y benefician a unas 910.000 pensionistas de la Seguridad Social y 136.000 personas con diversidad funcional. "Con medidas como esta, el Gobierno de Rajoy no solo se enfrenta al a nuestro ejecutivo, sino, lo que es mucho más grave, a las miles de personas que ahora ya pueden acceder a los tratamientos médicos prescritos por su médico que no iniciaban o no continuaban debido a los copagos", subrayó Montón.