FUENTE: El Global.

La farmacia valenciana ya no aguanta tantas desconsideraciones y vaivenes de su Consejería de Salud Universal en torno a las negociaciones del nuevo concierto económico. Y, en concreto, el enésimo cambio de criterio y marcha atrás respecto a lo que ya se consideraba 'acordado' cara al contenido del nuevo texto.

Por ello, en la última reunión que han mantenido este 13 de abril ambas partes —el primera encuentro tras conocerse el Informe de la Abogacía al borrador ya existente y que dinamitó el entendimiento reinante al recuperar propuestas desterradas— los colegios farmacéuticos han dicho basta: o se recuperan los puntos ya acordados en diciembre o "se rompe la baraja". ¿Qué supone romper la baraja? "Olvidarnos de firmar unas nuevas condiciones para el pago de recetas y regresar a lo que marca el concierto de 2004", indica a EG Sergio Marco, presidente del Consjeo Autonómico de Colegios Farmacéuticos y del COF de Castellón. El texto aludido por Marco refleja el pago de las recetas el día 30 del mes siguiente al que corresponda la factura.

Cabe recordar que Consejería y colegios habían alcanzado en diciembre un principio de acuerdo de borrador por el cual los pagos se realizarían "a 30 días" tras presentación de la factura (como así indica la Ley de Morosidad nacional), a mitad de camino entre los 20 días iniciales que reclamaba la farmacia y los 60 días que quería la Administración (según su Ley de Hacienda Pública regional). Sin embargo, la sorpresa llegó el pasado mes de marzo cuando el Informe de Abogacía apostaba por 'olvidarse' de la Ley de Morosidad y regirse por la normativa valenciana: pago a 60 días y reclamo de intereses de demora por impagos a los 90 días. "Si ya hemos pactado unas condiciones, ¿por qué un informe de la Abogacía de la Generalitat viene a cambiarlas? Un informe así tiene que limitarse al análisis legal de lo que habría que firmar, no replantear unas nuevas negociaciones", indica Marco.

De todas formas, el presidente del consejo farmacéutico valenciano recuerda que dicho informe no es en ningún caso preceptivo. Sin embargo, la indignación es mayor dado que en la reunión del 13 de abril, la secretaria autonómica y los miembros de la Dirección General de Farmacia presentes dieron muestras de alinearse con su contenido y recuperar sus sugerencias. Es ahí donde la farmacia valenciana se planta y exige la vuelta a los criterios consensuados (pago a 30 días y reclamo de intereses a partir de los sesenta). Además, Marco recuerda que "nosotros (la farmacia) ni tan siquiera tendríamos la obligación de plasmar fechas concretas, porque como proveedores de la Administración y ante un incumplimiento de la Administración en cualquier pago pasados los 30 días, la Ley de Morosidad ya nos ampararía para acudir a los tribunales". Incluso, en dicha reunión la Consejería de Salud se comprometió a presentar una "contraoferta" que la profesión farmacéutica tampoco otorga margen de discusión.

También chirría que los colegios farmacéuticos hayan aceptado finalmente una de las sugerencias que recogía este informe, como es 'extraer' de este acuerdo los nuevos servicios profesionales a ofrecer por las boticas para regularlos próximamente por decreto, y en cambio la Administración no quiera ahora atender cuestiones que, insisten, estaban pactadas y plasmadas en un borrador.

Al margen del futuro concierto económico, en el encuentro los presidentes de los colegios valencianos volvieron a denunciar el malestar existente por los retrasos cíclicos que sufren en el abono de recetas, y que actualmente se sitúan en el impago de una mensualidad. "Ya ha pasado un año de la entrada del nuevo Gobierno de la Generalitat y vemos que no hay movimientos efectivos para solucionar este problema. Incluso, los representantes farmacéuticos llegaron a proponer que la Generalitat liquide esta mensualidad pendiente a través de pagos parciales durante los próximos 20 meses, junto al pago de una factura que sí vienen recibiendo cada mes. Tampoco gusta que desde la Consejería se les tache de "privilegiados" al recordar que otros proveedores de la Administración acumulan más retraso en el cobro de sus facturas.