FUENTE: Cinco Días

Los pacientes que acudan a una farmacia o los profesionales que manejen medicamentos en hospitales, apreciarán a partir de 2019, dos barreras contra la falsificación de los fármacos. La primera medida será un código QR, que envía información a través de un lector. La segunda, un precinto en los envases.

El Ministerio de Sanidad y Farmaindustria anunciaron ayer que se pondrá en marcha esta medida, contemplada por la Directiva de Medicamentos Falsificados de la Unión Europea, que obliga a la identificación individual de los envases de todos los productos de prescripción vendidos en el mercado español a partir del 9 de febrero de 2019. Esto afectará tanto a los fármacos innovadores como a los genéricos.

Estas barreras permitirán verificar la autenticidad de los productos a distribuidores y personas autorizadas a suministrar medicamentos al público, garantizando así la seguridad de los pacientes.

Cuando un ciudadano pida un medicamento en la farmacia, el farmacéutico utilizará un lector para verificar el código QR, que identificará el envase y dará de alta al producto en la plataforma europea común, donde se hará seguimiento a cada unidad dispensada. Además, los embalajes llevarán un número de serie único junto a la fecha de caducidad y al número del lote.

De igual forma, los profesionales sanitarios encargados de las oficinas de farmacia en hospitales, deberán controlar el acceso de los envases utilizando un código tipo QR.

Además, existirá una segunda barrera. En este caso exclusivamente visual. Todos los envases deberán llevar un precintado por el que se sepa si la caja ha sido manipulada. Se tratará de cierres o adhesivos de seguridad.

La Directiva establece esta obligación para los fabricantes, que deberán incorporar los dispositivos de seguridad en los envases de todos los medicamentos de prescripción (con receta) y algunos otros que considere la Comisión Europea. Corresponde ahora al departamento de Alfonso Alonso desarrollar la normativa para que España armonice estos productos a la legislación.

El coste de esta transformación antifraude deberán asumirlo las compañías del sector. Según la patronal Farmaindustria, la adaptación de las empresas a esta norma acarreará un coste aproximado de 300.000 euros por línea de producción.

Eso significa que asumirá de forma íntegra el coste de la puesta en marcha y mantenimiento del sistema, lo que supondrá una inversión inicial de alrededor de 20 millones. “De entre 10 y 13 millones para su lanzamiento, entre 2016 y 2018, y entre 5,5 y 8 millones partir de 2019”, según los datos de la patronal. “El estrecho margen de tiempo que resta para la puesta en marcha de estas medidas obliga a hacerlo con rapidez”, señalan desde Farmaindustria.

El fraude en medicamentos actualmente proviene de la venta de falsificaciones por internet, por el tráfico ilegal de estos productos o por la entrada en el circuito legal de fármacos ajenos a la cadena de suministro regulada, entre otros casos.

Más información: nota de prensa de la AEMPS