FUENTE: Levante

El pleno del Consell tiene previsto aprobar hoy el nuevo convenio marco que regula la relación entre la administración y los farmacéuticos valencianos y que actualiza el documento de 2004 que estaba denunciado por ambas partes desde hace tres años. En él, los farmacéuticos han perdido algunas batallas pero han ganado terreno en varias reivindicaciones históricas que tenían ante la administración como el reconocimiento de su derecho a ser retribuidos por el servicio de guardias.

Así se recoge en el texto final: «la prestación del servicio debe de cubrir las necesidades de la misma introduciéndose mecanismos innovadores para que estos servicios sean accesibles, óptimos, racionales y retribuidos». Esto no significa que todas las guardias vayan a tener que pagarse pero puede que sí aquellas que, en ciertas circunstancias no sean «rentables» para los farmacéuticos. Para distinguir cuáles sí, cuáles no y cuáles, directamente, no sería ni necesario realizar, primero se va a hacer un estudio de la situación entre colectivo y administración para adaptar el sistema de guardias a las «necesidades actuales» ya que no se cambia desde hace años.

«Es un dato puntual pero en una farmacia de un pueblo de 5.000 habitantes que tiene servicio de urgencias día sí y día no, en cuatro meses se ha atendido a 10 personas entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Eso da una idea de lo que es o no necesario y de que se debe racionalizar el sistema ya que, en estos casos, el margen comercial por el que a nosotros se nos paga puede no ser suficiente». El ejemplo lo ponía ayer Vicente Colomer, vocal del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof) y que ha trabajado en la redacción final del convenio.

Colomer entiende que este reconocimiento explícito es ya «un éxito» pero el sistema de pagos no se implementará «hasta medio plazo». La situación para reivindicar nuevos derechos de cobro ante la administración no es la mejor pero los farmacéuticos se acogen a que en el propio texto del convenio se incluyen plazos para ponerlo en marcha: 6 meses para revisar la actual normativa y un año mínimo de pilotaje por lo que todo no dependerá de la voluntad política. El cambio del sistema no supondrá, según fuentes de Sanidad, una pérdida de derechos para los usuarios.

Otra de las batallas en las que el colectivo ha ganado terreno es en el reconocimiento de los nuevos servicios profesionales: la posibilidad de que los farmacéuticos hagan algo más que dispensar medicamentos y puedan ampliar su trabajo a servicios como revisión de botiquines o atención domiciliaria. Pese a que, en un principio, los servicios estaban incluidos, finalmente se han dejado fuera del convenio para que sea un decreto posterior el que los regule por recomendación de la abogacía de la Generalitat.

Se abre la puerta a una nueva farmacia asistencial que, sin embargo, estará sujeta a una nueva negociación ya que la Conselleria de Sanidad no está dispuesta a generar conflictos con otros colectivos si se invaden otros ámbitos competenciales.

Los pagos, a 30 días
En lo que el colectivo ha tenido que ceder ha sido en su intención de recortar plazos a la hora de cobrar las facturas mensuales. El convenio que hoy se aprueba mantiene el pago a 30 días desde la presentación de la factura que, en la práctica, supone pagar a finales del mes siguiente al de facturación tal como ya se recogía en 2004. Pasados los años de guerra abierta por la acumulación de meses sin cobrar, actualmente la administración «solo» está pagando con un mes de retraso «pero lo hace mensualmente», según apuntaron fuentes de Sanidad. Los farmacéuticos seguirán reivindicando que el Consell se ponga al día.

En los tribunales mantienen abiertas las reclamaciones por los intereses de demora generados por estos continuos retrasos y que podrían sumar 100 millones de euros atendiendo a las primeras sentencias favorables a los empresarios.