FUENTE: EXPANSIÓN

Las comunidades autónomas siguen siendo las peores pagadoras del sector público español, con un plazo medio de 85 días. Del descomunal incumplimiento que esto supone da buena cuenta la Ley de lucha contra la morosidad comercial, que establece una fecha tope de 30 días.Ninguno de los tres grandes niveles del sector público se ajusta a esa norma. Los entes locales se demoran 64 días, de media, en el abono de sus facturas a los autónomos, y la Administración central, 44. Esto deja el cómputo global de la morosidad pública en 75 días, según el último informe de la patronal ATA, con datos al cierre del primer semestre.

Extremadura y Aragón, las dos comunidades autónomas a las que ha apercibido el Ministerio de Hacienda por su morosidad, son precisamente las que más tardan en satisfacer sus compromisos de pago: una media de 155 y 137 días, respectivamente. Les siguen Islas Baleares y Comunidad Valenciana (114 días, ambas) y Murcia (107), según ATA. Son las Administraciones de comunidades autónomas que más infringen la Ley de Morosidad y tardan entre cuatro y cinco meses en hacer frente a las deudas que mantienen con sus proveedores.

En el lado opuesto destacan Navarra (41 días) y País Vasco (42), Canarias (53) y Asturias (54). Con un periodo medio de pago a proveedores por debajo de la media nacional (85 días) se encuentran también Andalucía (83 días), Cataluña (79), Castilla-La Mancha (69), Galicia (66) y La Rioja (60), aunque todas ellas duplican, como mínimo, el plazo de pago legal.

Cabe recordar que la Comisión Europea ha redoblado su vigilancia sobre la morosidad pública de España, que incumple la Directiva Europea con holgura. La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, está “investigando” a España por posibles prácticas irregulares con respecto al cómputo del plazo de pago de las facturas a los proveedores, y ha iniciado otra investigación para comprobar que las Administraciones españolas incumplen los plazos de pago máximos que marca la ley, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 8 de agosto.

La abultada morosidad pública está remitiendo, pero no lo suficiente: “Aún es dolorosamente tarde”, asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. En el primer semestre de 2016, el periodo medio de pago del conjunto de las Administraciones Públicas descendió en 12 días con respecto a diciembre de 2015, pero los autónomos siguen esperando “75 días para cobrar un trabajo realizado y en el que se ha invertido tiempo, material y esfuerzo”, añade Amor. “Pero es aún peor si nos centramos en los plazos de pago que mantienen las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales incumplen la Ley sistemáticamente”, agrega. La ley de lucha contra la morosidad pública “es la que más insumisos tiene, y la que menos se castiga, porque nadie se castiga a sí mismo. Sin embargo exceder en dos meses los plazos estipulados por Ley no tiene ningún tipo de sanción y debería tenerlo por ser recurrente e injustificado”, asegura el presidente de la Federación.